Con fecha del 25 de abril, ingresó a la Legislatura del Chubut el proyecto de Ley N° 19/23, anunciado como «de Soberanía Energética».
Una película que ya vimos: un gobierno, en este caso el de Chubut, impulsando sin participación ciudadana un proyecto de Ley lleno de aristas sospechosas.
El proyecto de Ley N° 19/23 apunta a acrecentar la captura de la renta eléctrica futura.
El gobierno de Chubut seguramente sabe que para las próximas décadas se espera un fuerte incremento de la demanda global de electricidad, sobre todo renovable (sabe por experiencia propia que los combustibles fósiles se están acabando; lo de que contaminan seguramente también lo sabe pero no le importa), ya sea para su consumo directo o (sobretodísimo) para la producción de vectores energéticos verdes (como el hidrógeno/amoníaco) o electro combustibles (como el e-metanol). (Las corporaciones sueñan con electrificarlo todo, y meter hidrógeno en aquello que no se pueda o sea muy difícil de electrificar.)
Definitivamente, el gobierno de Chubut no quiere perder la oportunidad que se le presenta con la llegada de la Era de la Electricidad Renovable. Pero su sueño eléctrico no tiene mucho margen: o cobra por el viento y el sol, o se asegura el monopolio del mercado eléctrico, que es lo que plantea el proyecto de Ley presentado el 25 de abril.
En efecto, el N° 19/23 propone la creación de una institución denominada Mercado Eléctrico Mayorista Regional de Chubut (MEMReCh) para promover (y regular) las relaciones comerciales entre oferentes y demandantes de energía eléctrica (Art. N° 57) (una suerte de CAMMESA provincial que reemplace a CAMMESA en el territorio provincia).
Actualmente, los grandes centros poblados del Chubut se abastecen del Sistema Interconectado, estando las distribuidoras de este sistema sujetas a la jurisdicción nacional. Pero el resto de la provincia, un 85% de su territorio, se abastece con el sistema de generación y distribución «aislado», que el proyecto de ley reconoce como obsoleto y ambientalmente oneroso. El proyecto del gobierno propone unificar el sistema.
La idea es que MEMReCh compre electricidad a las generadoras a una tarifa uniforme (basada en el costo económico del sistema) y la venda a los distribuidores a una tarifa uniforme a un costo mayor (lo que perciben los generadores más los costos de transporte desde los puntos de suministro y distribución) (Art. N° 62).
Cómo sería el mecanismo: la empresa X (ponele Genneia o YPF-Luz) que ha instalado sus parques eólicos en el norte de Chubut, le vende la electricidad generada a MEMReCh, la que a su vez se la vende a la empresa Y (ponele Fortescue Future Industries). Eventualmente, MEMReCh podrá comprar la electricidad a 10 y venderla a 20. Eventualmente también, podrá vender la electricidad a 10 y la provincia subsidiar a la empresa Y poniéndose con los otros 10. (Debemos recordar que el componente que más incide en el precio del kilo de hidrógeno verde es el coste de la energía eléctrica renovable necesaria para la electrólisis, por lo que Fortescue Future Industries estaría agradecidísima si le dan una mano en ese sentido.)
La electricidad se distribuirá (MEMReCh venderá) de acuerdo con un «Plan Electro Energético Provincial» (Art. N° 4). Y por aquí podría estar la clave. De mal pensados que somos, podemos suponer que la intención que esconde este proyecto es garantizar el abastecimiento eléctrico a la minería (hoy prohibida en la provincia) a un módico precio, sin que las empresas deban instalar sus propios parques de generación o negociar directamente a través del MATer.(De hecho, el Art. N° 6 habla de las «demandas futuras de los recursos electro energéticos».)
A propósito, ¿qué onda con el MATer de sancionarse la ley? Si no entendí mal, continuará vigente: no habrá interferencias en «los contratos libremente pactados entre las partes, entendiendo por tales a los generadores, grandes usuarios y distribuidores (mercado a término)» (inc. a, Art. N° 61). Por otra parte, el Art. N° 66 indica: «La EPECH SAPEM (la nueva empresa provincial de energía cuya creación contempla el proyecto) no impondrá restricciones a los autogeneradores que suministren energía a través de contratos libremente pactados con los demandantes, salvo que existieran razones técnicas fundadas, y canalizará ventas de saldos de este tipo de generación, en la medida que resulte económico para el sistema». (Esto resaltado es para investigar, a mí se me escapa.)
De acuerdo con esto último, nuestra empresa Y no tendría obstáculos en negociar el abastecimiento eléctrico a través de un contrato con una empresa generadora. Pero claro, quizás lo otro (comprarle la electricidad a MEMReCh a un precio subsidiado) le convenga enormemente. (Debe tenerse en cuenta que uno de los objetivos del proyecto, más o menos explícito, es el de atraer inversiones, o sea de generar condiciones de negocios: FFI, venite para Chubut)
El proyecto de Ley N° 19/23 se completa con la creación de una empresa provincial de energía para el sector eléctrico (la mencionada EPECH SAPEM), con participación accionaria de la provincia (51% de las acciones clase A, es decir con derecho a voto). De aprobarse el proyecto, la provincia transferiría a esta empresa todas las acciones que posee en las hidroeléctricas y centrales térmicas de la provincia (Art. N° 34). Mucho de lo que hay en esta ley pasa por la conformación de esta nueva empresa.
Como se ve, de soberanía energética poco y nada, más tirando a nada que a poco. Se trata solamente de manotear una renta, sin siquiera cuestionar el fondo de la cuestión: energía para qué y para quién.
Esto en el mejor de los casos. En el peor, se trata de una maniobra para beneficiar a empresarios amigos. El Caballo de Troya que denuncian las asambleas socioambientales chubutenses.
Fuente: Rio Negros Inmargen