El Gobierno nacional tiene previsto gastar $91.500 millones en las elecciones de este año.
El monto contempla la realización de las tres instancias electorales: las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), las elecciones generales y una eventual segunda vuelta que, todo indica, terminará teniendo lugar ya que ninguna fuerza política se impondría por más del 45% de los votos o con una diferencia de 10 puntos o más sobre la segunda.
Con ese objetivo, la Dirección Nacional Electoral (DINE), un organismo técnico que depende del Ministerio de Interior a cargo de Eduardo “Wado” de Pedro, realizó ya una docena de licitaciones y contrataciones para avanzar en los preparativos para la puesta en marcha de las internas abiertas del 13 de agosto y los comicios del 22 de octubre en los que se elegirán presidente, vice, 130 diputados y 24 senadores nacionales, y parlamentarios del Mercosur.
El monto ejecutado hasta ahora es muy inferior al total presupuestado, solo $18.781 millones según el sitio de Presupuesto Abierto, pero los desembolsos comenzarán a acelerarse a medida que se acerque la fecha de los comicios.
En el Presupuesto 2023 se habían previsto originalmente $56.378 millones para la realización de los comicios, con la proyección inflacionaria estimada en 2022 para este año.
En marzo pasado, el Ministerio del Interior pidió una ampliación presupuestaria de $43.000 millones por el reajuste inflacionario, para las tres instancias electorales.
La ampliación fue de $35.154 millones, por debajo de lo solicitado.
“Si se compara lo gastado en 2019 para dos elecciones con la cifra proyectada para este año para tres elecciones, está en línea con la inflación”, aseguran en la DINE, a cargo de Marcos Schiavi, cercano al ministro De Pedro.
Los montos ya contratados
El rubro más oneroso de las adjudicaciones ya definidas es el de la logística general para el operativo electoral en 14.500 establecimientos de votación, y la infraestructura para el recuento provisional de resultados, y estará a cargo del Correo Argentino.
La adjudicación se hizo a finales de abril por medio de una contratación directa por $21.545 millones.
$19.400 millones son para las PASO y las generales, y $2.154 millones para una eventual segunda vuelta, en el marco de un convenio interadministrativo suscripto entre esa sociedad del Estado y el Ministerio del Interior.
Entre los servicios que deberá prestar el Correo figura la distribución de padrones electorales a las 24 Secretarías Electorales y a los lugares estipulados para la exhibición, así como de las urnas, manuales de capacitación y kits electorales; la distribución y armado de cuartos oscuros móviles; y el despacho y entrega de nombramientos de autoridades de mesa, acuses de recibo y excusaciones.
También la recepción y logística de las boletas; el despliegue anticipado de urnas a cada establecimiento de votación; la provisión y distribución de refrigerios para las autoridades de mesa y delegados judiciales el día de la votación; la recolección de urnas, actas y telegramas; despacho de telegramas de escrutinio de mesa; la logística para el voto de los electores privados de la libertad; y la provisión de espacios físicos para el recuento provisional de resultados en cada una de las jornadas electorales y en las pruebas y simulacros que se lleven a cabo.
El segundo ítem en monto de dinero que deberá afrontar el Estado es el recuento provisorio de votos en las PASO y las elecciones generales que quedó en manos de la empresa INDRA por $6.656 millones, monto al que se le adicionará un 10% si hay balotage.
Se trata del escrutinio que se conoce la noche de los comicios solo con la finalidad de informar a la población, ya que el único escrutinio válido es el que realiza la Justicia electoral.
Esta firma española le ganó la pulseada a la multinacional Smartmatic, luego de una licitación pública internacional.
En los últimos años, la disputa por esta millonaria adjudicación estuvo protagonizada casi exclusivamente por estas dos empresas.
Smartmatic tuvo a cargo las elecciones de 2019, pero fue cuestionada por el Partido Justicialista por sus presuntas fallas en procesos electorales en otros países.
Cuando se conoció que INDRA era la ganadora, la DINE señaló en un comunicado que el proceso de licitación se realizó “con altos estándares de transparencia, lo que permitió reducir sustancialmente el costo de contratación e incorporar sugerencias y recomendación de partidos políticos, el Poder Judicial, empresas tecnológicas y organizaciones de la sociedad civil”.
La compra de 128 millones de sobres para colocar la boleta papel en las urnas en las tres elecciones – más un stock adicional de back up – le insumirá al Estado otros $1.610 millones. La principal empresa adjudicada, luego de una licitación pública nacional, fue Félix Medoro SA ($1.473 millones).
Por cifras menores, también serán proveedoras de sobres las firmas Iconsur y Grupo Convertidor Papelero. A su vez, esta última se quedó con la provisión de los sobres celestes para el “acuse de recibo de las urnas”, por otros $9 millones.
Los elementos de seguridad y embalaje implicarán otros $1.142 millones.
Incluyen desde precintos plásticos de seguridad para cerrar los sacos, hasta bolsas postales y plásticas para trasladar las boletas, rollos de cinta adhesiva y papel film.
Luego de una licitación pública, resultaron adjudicadas la semana pasada cinco empresas por los distintos ítems.
La que se llevó el mayor contrato es SD Tecno SRL ($986 millones), seguida de las firmas A y M D’Espósito SRL ($91,7 millones) y Wellpack ($58 millones).
Las otras dos favorecidas, aunque por montos inferiores, fueron Precintor ($5 millones) y Sergio Oscar García ($655.000)
La impresión de los padrones definitivos y de las fajas de seguridad estará a cargo de otra sociedad del Estado, la Casa de la Moneda, a través de una contratación directa por $942 millones.
El servicio incluye el procesamiento de archivos maestros y provisión de elementos autoadhesivos de seguridad.
En la justificación de la adjudicación directa se advierte que el organismo “ha realizado esas tareas en forma ininterrumpida desde las elecciones del 2011″, cuando se implementó el nuevo padrón con la foto y el troquel para el elector.
La DINE también estimó “conveniente” que provea las fajas y rótulos autoadhesivos de seguridad debido a las medidas de seguridad que requieren, ya que “constituyen un material crítico para el correcto desarrollo de los comicios”.
Para adquirir útiles de escritura y almohadillas dactilares para las mesas de votación el Ministerio del Interior lleva realizadas tres licitaciones por un total de $562 millones.
En la de febrero, para la provisión de 130.000 almohadillas y 350.000 conjuntos de útiles por $241 millones, la adjudicada fue Melenzane.
En mayo, fue preadjudicada Sellos Online por $271,7 millones para la provisión de 130.000 almohadillas pre-entintadas para impresión dactilar.
Y en la tercera licitación para materiales de librería se presentaron 11 empresas y fueron preadjudicadas Sellos Online, para proveer 240.000 conjuntos de útiles por $48 millones; Papelera Cumbre por $1 millón, para la provisión de 2.000 cintas para embalajes y 100.000 hojas de papel; Norca, por un total de $633.000 para proveer 5.000 cintas para embalar y 20 rollos de 50 metros de film de polietileno para aislación; y Erre-De por $240.000 por 200 bobinas de film de polietileno.
La contratación se formalizará esta semana que comienza, según figura en el portal oficial ComprAr.
La adquisición de urnas de cartón demandará otros $522,6 millones y la proveedora será también la firma Melenzane, que presentó la oferta más económica.
El Ministerio de Interior también proyectó la compra de elementos de cartón corrugado para armar cuartos oscuros móviles para votar, con porta boletas.
La licitación pública está en etapa de evaluación de ofertas y las dos empresas recomendadas para su aprobación son, nuevamente, Sellos Online con una oferta de $233 millones, y A y M D’Espósito por $213 millones.
Para la impresión, empaquetado y posterior entrega de diversos materiales a ser utilizados en las elecciones, la DINE contrató a la Imprenta del Congreso de la Nación por $273 millones.