Las fuerzas que controlan el Congreso de Perú avanzaron en su pretensión de “castigar” a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), proceso que, según sectores de oposición y veedores nacionales e internacionales, apunta a controlar a los poderes judicial y electoral.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) figuran entre las instituciones y personalidades que expresaron preocupación por esos avances, que podrían derivar en la destitución de los siete miembros de la JNJ bajo acusaciones de “faltas graves”.
“Estoy siguiendo de cerca los acontecimientos en Perú; me preocupa la posible aprobación en el pleno del Congreso de un informe que recomienda remover a todos los miembros de la JNJ mediante un mecanismo sumario”, afirmó la relatora de la ONU para la independencia de los magistrados, Margaret Satterthwaite.
“Las instituciones son fundamentales a la hora de asegurar la resiliencia democrática”, agregó el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien aseguró que el jefe del gabinete ministerial peruano, Alberto Otárola, le dijo que es necesaria la independencia de la JNJ, los organismos electorales y la Fiscalía.
Los miembros de la JNJ, que nombran, vigilan, investigan y eventualmente sancionan a jueces y fiscales, y supervisan a las instituciones que manejan las elecciones, quedaron en riesgo desde que la Comisión de Justicia del Congreso aprobó un informe que plantea sancionarlos por faltas de las que no se dieron detalles.
El escándalo fue mayor porque previamente trascendió que la presidenta de la Comisión, Janet Rivas, presentaría un dictamen contra las sanciones por falta de pruebas. Empero, en la madrugada del jueves, el grupo aprobó un informe que promueve sanciones “con cargo a redacción”, es decir, que los motivos se incluirán después.
Así, el tema pasó al pleno. Según la oposición, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, esperará a tener seguros los 87 votos (de 130) necesarios para la aprobación y ahí pondrá a consideración el informe.
La acción es presentada por analistas como un nuevo fruto de la alianza de hecho entre los partidos Fuerza Popular (FP, derecha), Perú Libre (PL, izquierda) y Alianza Para el Progreso (APP, centroderecha), con aval de otros dos de derecha radical, Renovación Popular y Avanza País, y de varios legisladores más.
En este caso también coinciden bancadas como Bloque Magisterial, que reúne a legisladores fieles al destituido presidente Pedro Castillo. La de Cambio Democrático, donde hay congresistas de izquierda y centroizquierda, es la única que está en bloque en contra.
“Detrás de todo esto hay una conspiración, en la que está claro que Fuerza Popular y Perú Libre se están dando la mano para atentar contra el centro político”, afirmó el exprocurador anticorrupción José Ugaz, que denunció supuestos “intereses subalternos en busca de impunidad”.
“El país ha caído en manos de las peores mafias, aquellas que retan la ley, se burlan del debido proceso y aniquilan aquello que se anteponga a sus intereses”, agregó la exjefa del gabinete ministerial y dirigente de izquierda Mirtha Vásquez.
En una entrevista con el diario La República, la expresidenta del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma afirmó que está en marcha un acto inconstitucional, por lo que la ciudadanía quedaría facultada para ejercer el “derecho a la insurgencia” que le garantiza la Constitución.
Las acciones del Congreso comenzaron por iniciativa de la ultraderechista Patricia Chirinos, quien planteó la destitución por supuestas faltas como adelanto de opinión, filtración de información o exceso de edad de una de las integrantes de la Junta.
Según el informe original de Rivas -de PL- que se filtró a la prensa y luego fue desechado, los casos “no generan el mínimo de certeza requerida, toda vez que no existe medio probatorio alguno”, por lo que solo deja en pie el caso de Inés Tello, quien cuando asumió no tenía aún los 75 años que se fijan como máximo.
Si los miembros de la JNJ -Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, María Zavala, Antonio de la Haza, Henry Ávila, Guillermo Thomberry y Tello- son destituidos, sus lugares serán para quienes ocuparon del octavo al decimocuarto puesto en el concurso público de méritos que se realizó en 2019 para designar integrantes por cinco años.
Para diversos analistas, esos siete potenciales nuevos integrantes tendrían sobre sus cabezas el antecedente y sus opciones se limitarían a ser sumisos frente a las fuerzas que controlan el Congreso o ser igualmente destituidos.
A partir de ahí, para designar nuevos miembros habría otro concurso, a cargo de instituciones de las que se considera que ya fueron “tomadas” por el Congreso, como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y el Tribunal Constitucional.
“Los congresistas pasarán, pero el daño que están haciendo a las instituciones tendrá enormes efectos en el futuro”, advirtió el analista político y exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Fernando Tuesta.
Con una JNJ hipotéticamente obediente a la alianza que lideran FP, PL y APP, se podrían manejar procesos judiciales que se siguen o se podrían seguir contra miembros de esos partidos, incluidos sus máximos líderes, Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón y César Acuña, respectivamente.
Además, esa alianza y sus allegados podrían eventualmente manejar los comicios mediante su acción sobre la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, de los cuales los dos primeros ya han denunciado públicamente hostigamientos en contra.
La JNJ, creada después de que su antecesor, el Consejo Nacional de la Magistratura, colapsara por corrupción, goza de buena imagen entre la opinión pública, al igual que el JNE y la ONPE, lo que contrasta con un Congreso rechazado en los sondeos por más de 90%.