En la última sesión ordinaria de 2023, la Legislatura aprobó con algunas reformas la ley que establece por un año y medio la emergencia económica, financiera y administrativa del Estado Provincial y convirtió en ley los presupuestos del Poder Judicial y Legislativo. Además dio acuerdo al pliego para la nueva jueza de Rawson, y se dio ingreso a los tres pliegos del nuevo directorio de Petrominera. También la Cámara declaró admisible y derivó a la Sala de Acusar el pedido de juicio político a Daniel Báez, y dio ingreso a una nueva denuncia contra el mismo magistrado; y prorrogó la emergencia en los servicios de anestesiología y de cuidados intensivos pediátricos en hospitales de Chubut.
Respecto a este último punto, fueron dos proyectos del Ejecutivo: uno establece la prórroga a partir del 6 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, la emergencia en los Servicios, Divisiones y Secciones de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos de los efectores del Subsector Estatal de salud del Hospital Zonal de Trelew.
El otro prorroga a partir del 1° de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, la emergencia en los Servicios, Divisiones y Secciones de Anestesiología de los efectores del Subsector Estatal de la Provincia.
Por otra parte, se abrogó -a propuesta del gobierno- la Ley XVIII N° 105, que establece el Régimen de Abstención del Débito Laboral para los agentes de la Administración Pública Provincial centralizada y descentralizada y los Poderes Legislativo y Judicial.
La Cámara aprobó además el pliego de Eve Anahí Ponce propuesta por el Consejo de la Magistratura para ocupar el cargo de Jueza Penal de Rawson, y giró a la Sala de Acusar, la denuncia formulada por Gastón Alejandro Martín y Alfredo Pérez Galimberti, por la cual solicitan se dé inicio al procedimiento de Juicio Político contra el Ministro del Superior Tribunal de Justicia, Daniel Esteban Báez, por considerar que la misma es “formalmente admisible”.
Debate sobre Báez
Previo al dictamen de Asuntos Cosntuticvonales, que fue votado por el bloque oficialista y el Pich, se adjuntó un informe de la comisión que fue leído por el diputado Daniel Hollman con los motivos para que el trámite avance y que motivó un debate con la oposición.
Juan Pais (Arriba Chubut) dijo que “la presentación parecía de los mismos denunciantes” y señaló que “el pedido de juicio político es un acto de importancia y gravedad institucional que requiere un tratamiento serio. Nunca vi que se tratara con tanta premura y tanta liviandad”.
Cuestionó que “el dictamen no lo pueden sostener oralmente porque no es de ellos. Lo mas grave es el desapego a la Constitución que establece los procedimientos. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho”. Recordó que “yo voté el pliego de Bpaez y la denuncia por lo de Pirámides se consideró y había sido archivada por el Consejo de la Magistratura”.
Afirmó que “esto que están haciendo es escandaloso. Hay otro de los hechos donde la responsabilidad parece que fuera del procurador y de otro fiscal, pero denuncian al padre de un ingresante al poder judicial sin cumplir los procedimientos”.
Y finalmente “pretenden que se sancione a un juez por un voto en disidencia. Estamos entrando en un pantano institucional. Pareciera que se lo juzga por su voto en el Tribunal de Enjuiciamiento, cuando el tribunal decidió por unanimidad de los cinco miembros. Quieren imponer la tiranía de las mayorías, no hay problema”.
Por su parte, Santiago Vasconcelos (FIT) acompañó el dictamen según dijo “por los antecedentes de Báez como fiscal” e hizo hincapié en cómo fue votado el pliego de Báez en la misma sesión en la que se votó la zonificación, “producto de un pacto entre oficialismo y oposición, sin tener en cuenta todas las denuncias contra Báez”.
