El viernes 2 de febrero a las 9 en la Oficina Judicial de Rawson se abrirá la investigación penal contra la exjefa de Compras de la Subsecretaría de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la gestión anterior, por haber contratado en al menos 8 ocasiones a su propia pareja para trabajos de pintura, herrería, electricidad y albañilería. Él también será imputado.
La pesquisa estará a cargo del jefe de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez, y los defensores serán Federico Ruffa y Omar López. La jueza será Karina Breckle.
La denuncia la realizó una mujer cercana de esa oficina que, aunque no participó de los trámites, observó las irregularidades que se producían y puso reparos. Tras presentarse en Fiscalía, fue desplazada del área.
El área Compras depende de la Dirección de Administración y en esa época, la Subsecretaría estaba a cargo de Rubén Becerra.
Lo que por ahora se detectó es que dependiendo del monto y gracias a su cargo, la responsable en algunos casos hizo contrataciones directas de su pareja y en otros expedientes hubo una maniobra para simular un concurso de precios para solicitar proveedor.
El hombre fue dado de alta como proveedor a fines de 2022 y enseguida comenzó a trabajar. La mayoría de los contratos son de ese diciembre y de enero y febrero de 2023. Cuando se conoció la denuncia, el “trabajo” se cortó y ella fue sumariada. Ya no ocupa la Jefatura. El caso no tiene vínculo con el exministro Miguel Castro.
Las tareas incluyeron dos reparaciones de mecánica automotor de una camioneta oficial que usaba la exjefa; la construcción de un basurero fuera de la Subsecretaría; tareas de pintura en dependencias de la Jefatura de Policía y de electricidad en el sistema de monitoreo de Trelew, y labores menores de herrería y albañilería. El monto total supera el millón de pesos.
Patrimonio común
En tanto, desde la Unidad Anticorrupción también quieren saber si realmente el sospechado hizo todos los trabajos, ya que en algunos casos figura como ejecutor pero la mano de obra habría sido de personal policial. Como sea, el dinero que cobraba ingresaba al patrimonio común con su contratante.
En la audiencia del otro mes serán imputados por fraude a la administración pública y negociaciones incompatibles.