Por Alfredo Pérez Galimberti – Abogado UNLP, Vicepresidente de INECIP
El Estado es responsable de la seguridad de los habitantes. La seguridad de sus personas, de sus domicilios, de su libertad. Simple y claro. Desde que se fundó el Estado como tal, y se hizo cargo exclusivo del uso de la fuerza, ésta es una de las decisiones fundantes que se ha reflejado en las cartas constitutivas de todos los Estados modernos del mundo occidental.
¿Cuál de los poderes del Estado debe hacerse cargo de este tema? Sin dudas, el Poder Ejecutivo.
En la Argentina de hoy, y en Chubut en particular, la población no está satisfecha con la protección que recibe por parte del Estado. Está furiosa, atemorizada, empujada a armarse, a enrejarse, a modificar sus hábitos de vida.
Las causas del deterioro de la seguridad son complejas, pero tienen que ver con factores conocidos: falta o insuficiencia de políticas públicas que fomenten la educación, el empleo, la solidaridad social; que controlen la exclusión, el desempleo, la formación de guetos de pobreza, y más etcéteras.El conjunto de políticas públicas debe orientarse justamente a prevenir las conductas desviadas, e impedir que se conviertan en cotidianas.
Pero hay que saber que la incidencia de las reglas del procedimiento en los tribunales, sobre el estado y la sensación de seguridad, son mínimas.
El miércoles 17 de abril la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura de la Provincia del Chubut llevó a cabo una jornada informativa sobre el proyecto de reforma del Código Procesal Penal. El proyecto ahora empujado por el Ejecutivo fueantes ideado por la Procuración General y propuesto por el Superior Tribunal de Justicia en ejercicio de sus atribuciones constitucionales.
Si bien se trata de una reforma a la ley procesal, se difundió desde el año pasado como una repuesta a los problemas de inseguridad. La idea que sobrevolaba el proyecto, expresada a la prensa por el Intendente de Gaiman, Darío James, era que la reforma de la ley traería el fin de los delitos. Una nota del diario Jornada del 11 de mayo de 2023 consigna:
“El proyecto lo elaboraron tras la reunión que mantuvieron hace unos años los comerciantes de Trelew con las autoridades del gobierno y la Justicia. Con las reformas buscan acelerar los procesos para que haya condenas firmes, sobre todo en los delitos cometidos en flagrancia, y procurar que los delincuentes queden en la cárcel”.
“Es para que los delincuentes no entren por una puerta y salgan por la otra”, resumió James el espíritu de esta normativa que buscadar respuesta al reclamo de chacareros y vecinos valletanos que están hartos de sufrir robos.
La reforma de la ley procesal no hará que haya menos robos. De hecho, los delitos vienen incrementándose en su número y gravedad en los últimos años, pese a las varias reformas de la ley procesal penal impulsadas desde la fiscalía.
La ley se presentó públicamente como una respuesta a la falta de seguridad, como si el rápido enjuiciamiento de algunos delitos contra la propiedad pudiera ser un factor decisivo.
Pero al ser puesta en discusión en el ámbito de la Comisión, el propio Procurador General Jorge Miquelarena respondiendo a las críticas del proyecto, señaló en el curso de su exposición: “De ninguna manera el proyecto pretende ser una panacea contra la inseguridad. No tiene nada que ver”.
Por su parte, el Ministro Iturrioz reconoció que la modificación de los plazos de investigación no solucionaba el problema de inseguridad. “No estoy de acuerdo con que se elonguen los plazos, porque no va a dar celeridad al proceso”.
En suma, lo que sí tiene que ver con la falta de seguridad ciudadana es la ineficacia de la prevención y de la investigación criminal.Si se falla en la prevención, que pretende que la conducta no querida no se produzca, entonces corresponde la represión. Para poder reprimir los delitos –seguimos refiriéndonos especialmente a los delitos contra la propiedad- debe haber una investigación exitosa.
Vale decir, en los delitos contra la propiedad, que son aquellos que fijan el pulso de la seguridad ciudadana, antes de que llegue el caso a un juez debe haber una investigación policial que identifique a la persona responsable, y todas las circunstancias que rodean al hecho. Y aquí es donde se nota un evidente fracaso. Que no es de hoy ni de ayer, sino que responde a un deterioro paulatino que se acrecienta cada vez más con el empeoramiento del contexto económico y social.
Los números no son anécdotas ni opiniones. Son reflejo de hechos. Repasando las estadísticas correspondientes a la Circunscripción Judicial Trelew, podemos consignar estos números:
Evolución Anual de Casos Ingresados al Ministerio Público Fiscal
Año 2018: 23.387
Año 2021: 25.857
Año 2022: 28.525
Año 2023: 30.621
Delitos contra la propiedad cometidos en la Circunscripción Trelew
Año 2021: 4637
Año 2022: 4699
Ahora bien, de ese número de casos denunciados o iniciados oficiosamente por la policía, no son muchos los que logran ser dilucidados, y permanecen archivados en la fiscalía.
Porcentaje de casos con autor desconocido desagregado Año 2021:
– Robo con armas de fuego: 74,7 %
– Robo simple: 90 %
– Hurto simple: 83 %
– Robo de vehículos: 86,1 %
En resumidas cuentas, en ese año se produjeron:
Delito Con Autor Sin Autor
Hurto simple 242 1.181
Robo simple 151 1.363
Robo en despoblado y banda 10 36
Robo con armas de fuego 22 65
Robo de vehículos 6 30
Total 431 2.675
Debe consignarse que los 431 casos con autor conocido no finalizan en condena. Deberían desagregarse aquellos casos en los que la fiscalía desiste por falta de prueba, las salidas alternativas, y los finalizados por sobreseimiento o absolución.
Estamos cosechando los frutos amargos del deterioro de las políticas públicas que debieran sostener condiciones dignas de vida de la población – especialmente de la infancia-, que respeten los derechos a la alimentación, al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la salud, al ambiente, a la recreación.
¿Se puede mejorar la represión de los delitos? Es posible. Mejor policía, incorporación de detectives, tecnología. Pero hay que tener en cuenta que cada peso que se gasta en represión se quita de la salud, de la educación, de la disminución de la pobreza. Y diseñar un presupuesto que contemple sinceramente las inversiones en seguridad.
Es cierto que la ley de enjuiciamiento necesita una puesta al día, y también que todos los actores asuman un fuerte compromiso para que sea operada con la máxima diligencia. Esto es responsabilidad de quienes tienen el gobierno de la judicatura y del ministerio público.
Pero debe asumirse la discusión de la política de seguridad en sus propios términos. No sirve disimularla a través de reformas legislativas que no tienen impacto sobre la realidad.
