Juez de Paz en Esquel será enjuiciado. En la sesión realizada la semana pasada en Esquel, el Consejo de la Magistratura decidió llevar a un Jury al Juez de Paz suplente de la ciudad cordillerana, Alejandro Castillo, luego de un informe que se dijo es contundente, que se dio a conocer por su determinación en noviembre del 2023, fuera de sus facultades, de habilitar un allanamiento en un comercio cuyo propietario, Daniel Hoferek, hizo la denuncia.
Castillo ordenó el procedimiento pero no expuso la jurisprudencia que lo habilitaba, y tampoco justificó su competencia como Juez de Paz en materia de allanamientos, ni argumentó por qué el pedido era admisible.
De acuerdo al informe final de Manuel Burgueño Ibarguren, instructor designado por el Consejo de la Magistratura para el caso, aún con esas carencias hizo lugar al allanamiento y al registro domiciliario. Y, autorizó el decomiso y la intervención de la presunta mercadería irregular, que representaba una falta al código alimentario nacional.
Se defiende
Castillo señaló que la semana pasada concurrió a la reunión del Consejo “para defenderme en el marco de un sumario que se me había iniciado, por mal desempeño de las funciones”. En las conclusiones, decidieron llevarlo a un Jury, por lo que admitió que lo suspenderán en sus funciones a la brevedad.
Relató Castillo que en octubre del año pasado, le llegó un expediente del Juzgado de Faltas Municipal, a cargo de la Dra. Adriana Conesa, por el que se investigaba un comercio al que le encontraron carne en mal estado para el consumo, no procedente de un frigorífico, más un informe de Gendarmería y Bromatología Municipal.
El juez de Paz explicó que recibió la documentación del procedimiento administrativo y el pedido del Juzgado de Faltas Municipal para autorizar el allanamiento y registro domiciliario en un comercio ubicado en la calle Desalojo del 37 al 1.300, en Esquel. Aclaró que no puede realizar esta acción por decisión propia, ya que es un órgano creado por una norma legal y no por una autoridad judicial.
Asimismo, Castillo indicó que revisó la documentación, tomando todos los recaudos y fijando las autoridades que concretarían el procedimiento, para evitar acciones arbitrarias, y tener un control constitucional por parte del Poder Judicial de la Provincia. Sostuvo que le achacan no tener competencia para ordenar un allanamiento, pero que se limitó a verificar que se cumplieran los recaudos y autorizó, no ordenó.
Analizó que, durante el debate entre los consejeros sobre el tema, algunos defendieron la postura de que su actuación violó las garantías del vecino, mientras que otros argumentaron que su objetivo fue proteger la salud de la población. Además, informaron que el allanamiento se desarrolló sin inconvenientes y permitió el secuestro de alrededor de 70 kilos de carne en mal estado.
Designación de un Tribunal
No obstante se impuso el criterio de declararlo responsable, y llevarlo a un Jury, para lo cual se debe conformar el Tribunal de Enjuiciamiento, con tres integrantes del Consejo de la Magistratura que se sortearán en el mes entrante. Estimó que su enjuiciamiento comenzará en los primeros tres o cuatro meses del 2025, y en esas instancias “voy a elaborar mi estrategia de defensa, porque estoy convencido de haber actuado ajustado a derecho”.
La acusación es desconocimiento del Derecho y mal desempeño de sus funciones. Pero, recalcó que “sostengo que actué ajustado a derecho plenamente”. Castillo aludió a lo que establece la Constitución sobre la suspensión de funciones en estos casos, por lo que notificarán la medida a la brevedad.
Explicó que Esquel no tiene juez de Paz titular, cargo que se definiría dentro de seis o siete meses. Y, por lo tanto, si lo suspenden en sus funciones, no habrá reemplazo, ya que él ejerce como juez suplente. La alternativa será designar un juez de primera categoría, proveniente de otra localidad, aclarando que otras jurisdicciones tienen el mismo problema de no contar con funcionarios titulares designados.