Condena exministra de Chubut. El fiscal general Omar Rodriguez, pidió una condena de tres años y seis meses para la exministra de Chubut acusada de fraude a la administración pública, en el marco de la causa conocida como “Ñoquis calientes”. Se trata de Cecilia Torres Otarola, sobre quien podría pesar una pena de cumplimiento efectivo de cárcel por nombrar a funcionarios públicos que no prestaban servicios y solo cobraban un sueldo. La lista incluía a una niñera y su jardinero personal.
Torres Otarola se desempeñó como ministra de Desarrollo Humano y Familia de Chubut durante la gestión del exgobernador Mariano Arcioni. La semana pasada fue encontrada culpable de fraude a la administración pública y exacciones ilegales. En el caso de los empleados que no cumplían funciones, también se declaró su culpabilidad y esta semana el fiscal propuso una pena de dos años de cárcel en suspenso.
La audiencia se desarrolló este martes y fue convocada para debatir sobre las penas que le corresponderían a los implicados. Para el fiscal Rodriguez, quedó demostrado que la exfuncionaria tenía como finalidad de obtener un “rédito propio” en la contratación de personal “fantasma”. El fiscal también pidió la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Según La Nación. Rodriguez remarcó que la exfuncionaria no solo habría provocado un daño material, sino que había generado un “daño inmaterial, a la moral, a la imagen y confianza hacia las instituciones”.
Por otro lado, el fiscal solicitó que los funcionarios públicos que habían sido nombrados por la exministra, identificados como Silvana Cañumil, Mara Rodera, Facundo Solaria Rodera y Miguel Retro Trelles, sean sentenciados a cumplir una condena de dos años en prisión en suspenso.
Además de pedir que los cuatro implicados sean inhabilitados para ejercer cargos públicos por el resto de sus vidas, remarcó la necesidad de que cumplan reglas de conducta que constaría de una presentación cada tres meses y la realización de una capacitación en ética en la función pública.
La exministra de Mariano Arcioni fue hallada culpable en cuatro hechos de delito de fraude a la administración pública y tres hechos de exacciones ilegales, por el pedido indebido de parte del sueldo a sus asesores, mientras que las restantes personas con el veredicto de culpabilidad lo fueron por el delito de defraudación a la administración pública.
Cañumil cumplió funciones como directora general, en tanto que los restantes se desempeñaron en el Ministerio de Desarrollo Humano y Familia.