Sin embargo, la comunidad difundió días atrás un comunicado de prensa en el que anticipaban que resistirían el desalojo y para ello solicitaron la colaboración de otras agrupaciones mapuches, con el objeto de intentar permanecer en el lugar.
El 9 de enero, los notificadores regresarán a las tierras que ocupó Ernesto Cruz Cárdenas, su pareja María Belén Salinas y otros integrantes de la comunidad, para rubricar la restitución de las tierras a la Administración de Parques Nacionales.
La Justicia confirmó que la Lof Paillako ingresó de forma violenta e intempestiva a la seccional de guardaparques El Maitenal y a partir de allí avanzaron a otras tierras públicas, en las que – aseguran – residían sus ancestros.
El juez federal Guido Otranto resolvió la restitución de las tierras a Parques Nacionales, cuyo directorio inició el proceso – administrativo en un primer momento y judicial luego – para recuperar las tierras.
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó la decisión del magistrado. A pesar de ello la defensa de los mapuches, a cargo de la Gremial de Abogados, intentó nuevas estrategias judiciales para tratar de que los mapuches permanezcan en el sitio.
La intimación a los usurpadores llegó cuando aún existe un recurso en queja elevado ante la Corte Suprema de Justicia, motivo por el que los mapuches cuestionan la orden judicial de restituir las tierras a Parques Nacionales.
“Existe un recurso presentado ante la Corte Suprema, por eso el proceso de desalojo es ilegal” afirmaron desde el grupo.
Otranto puso puntos suspensivos al desalojo, aceptando el planteo de los defensores de la Lof Paillako aunque la Cámara Federal decidió dejar sin efecto el carácter suspensivo y ordenó seguir adelante con el proceso.
En ese contexto es que los notificadores fueron hasta el territorio para informar sobre la ejecución de la medida. Otranto, en diálogo con Infobae, había anticipado que otorgaría un plazo prudente para que los mapuches se puedan retirar por su propia voluntad, teniendo en cuenta la presencia de menores de edad y mujeres en las tierras que usurpan los mapuches.
El magistrado busca evitar la medida forzosa por esa razón y especula con la posibilidad de que los usurpadores accedan al planteo.
Al líder de la comunidad mapuche lo acusan de provocar los devastadores incendios forestales que, de forma reiterada, sucedieron en ese Parque Nacional. Lo hizo el presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, y también el gobernador chubutense Ignacio Torres. La acusación fue respondida por los mapuches, quienes se desentendieron de los cargos y aseguraron que “jamás dañaríamos las tierras, porque son nuestras”.
Torres, incluso, mencionó a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) por su presunta participación en los incendios. El grupo, que tiene como único integrante expreso al ex convicto Facundo Jones Huala, permanece en silencio desde hace al menos dos meses.
“Hacemos un llamado a toda la sociedad, comunidades y organizaciones a expresar el rechazo contundente, y de manera urgente a esta decisión, como también acompañar nuestra resistencia en el territorio” dijeron desde la comunidad.
Luego de la notificación de este jueves, denunciaron la posibilidad de un “gran despliegue represivo” el próximo 9 de enero e insistieron con la convocatoria a otras agrupaciones mapuches para intentar permanecer en el lugar.