Capip y Capeca. Las cámaras empresarias C.A.Pe.C.A. y C.A.P.I.P. elevaron una nota al Consejo Federal Pesquero (CFP) en la que exponen la profunda crisis económica que atraviesa el sector congelador tangonero, advirtiendo que las condiciones actuales hacen inviable la operatoria y que, de no revertirse, podrían derivar en un quebranto masivo de empresas.
De acuerdo a lo indicado, la actividad está seriamente comprometida a pesar de que el recurso pesquero se mantiene sano y con rendimientos sostenibles. Las entidades remarcaron que “los costos crecientes y las rentabilidades negativas” están deteriorando gravemente la competitividad del sector.
La misiva señala una serie de factores que confluyen para agravar la situación. Por un lado, destacan problemas vinculados a la demanda internacional: fluctuaciones de precios, cambios en hábitos de consumo, la competencia creciente del langostino de cultivo y un descenso en las ventas desde el inicio de la pandemia.
En el plano local, las cámaras hicieron foco en el “retraso del tipo de cambio del dólar de exportación”, la persistencia de las retenciones a las exportaciones, el aumento de los Derechos Únicos de Extracción (DUE), la carga impositiva calificada como “distorsiva” y los incrementos en las tasas municipales.
A ello se suma el endurecimiento del contexto financiero internacional, que encareció significativamente el acceso al crédito, generando un fuerte impacto financiero sobre las empresas, en un escenario de incertidumbre global. “La ralentización de las ventas generó a las empresas un significativo incremento financiero difícil de afrontar”, advirtieron.
En cuanto a los costos operativos, las cámaras señalan un desfasaje crítico: los bienes y servicios necesarios para la actividad aumentaron muy por encima de la evolución del dólar exportador. Particularmente grave resulta el incremento del costo laboral, que según el informe presentado representa actualmente el 60% del total de las exportaciones del buque tangonero.
Como evidencia del punto crítico que atraviesa el sector, indicaron que, a pesar de estar habilitada desde el 17 de marzo la pesca de langostino en aguas nacionales fuera del Área de Veda Permanente de Juveniles de Merluza (AVPJM), “casi la totalidad de la flota no ha salido a pescar”.
En cifras, detallaron que con los precios actuales de venta, la actividad arroja una pérdida del 15,4% sobre el total de las ventas, lo que vuelve insostenible la operatoria. Ante este panorama, aseguraron que se encuentran renegociando precios con proveedores y solicitaron al Estado Nacional la suspensión de los derechos de exportación y al CFP una reducción urgente de los DUE.
Uno de los ejes centrales del reclamo es la necesidad de “readecuar” el ítem de Sueldo Proporcional de Producción correspondiente al langostino entero congelado a bordo, ya que fue establecido por Convenio Colectivo en 2005 bajo un escenario económico y comercial completamente distinto.
En aquel entonces, el precio promedio anual de exportación era de USD 12.124 por tonelada. En contraste, durante 2024 —según datos de INDEC— el precio promedio descendió a USD 5.637 por tonelada, con una composición de producto muy distinta (mayor participación del calibre L1), lo que afecta directamente la rentabilidad del producto y el porcentaje de participación de los sueldos en los costos totales.
A pesar de haber planteado este tema ante el SOMU, las cámaras señalaron que recibieron una respuesta negativa a entablar negociaciones. “En este contexto, difícilmente las empresas saquen sus buques a pescar a pérdida”, sostuvieron, aunque reconocieron que la decisión final es de cada armador.
Finalmente, C.A.Pe.C.A. y C.A.P.I.P. solicitaron formalmente una audiencia con el Consejo Federal Pesquero “a la mayor brevedad posible” con el objetivo de ampliar la información y buscar soluciones consensuadas para evitar la paralización total del sector.
El documento cierra con una advertencia clara: de no tomarse medidas urgentes, “la actual situación económico-financiera llevará sin ninguna duda, y en un muy corto plazo, a la paralización de las actividades pesqueras y a un quebranto masivo de las empresas”.
Con todo, en la última sesión del Consejo Federal Pesquero, se acordó conceder la audiencia requerida para el día miércoles 23 de abril próximo a las 16:30 horas.