Hungría anunció el jueves su retirada de la Corte Penal Internacional (CPI), en el arranque de una visita a Budapest del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, bajo una orden de arresto por este tribunal.
«Hungría abandona la CPI. El gobierno iniciará el proceso de retirada, de acuerdo con el marco internacional legal», anunció en Facebook Gergely Gulyas, director del gabinete del primer ministro, el nacionalista Viktor Orban.
Budapest ya criticó en varias ocasiones esta institución y la tachó de «políticamente sesgada», y decidió seguir los pasos del presidente estadounidense, Donald Trump, quien impuso en febrero sanciones al tribunal por unas «acciones ilegales y sin fundamento contra Estados Unidos» y su «estrecho aliado, Israel».
Contactado por AFP, el tribunal, con sede en La Haya, Países Bajos, no emitió ningún comentario.
La retirada de un Estado no entra en vigor hasta un año después de haber presentado oficialmente el pedido al secretario general de la ONU.
Este anuncio tiene lugar el mismo día en que Orban recibe a su homólogo israelí, pese a la orden de arresto en su contra emitida por la CPI en noviembre de 2024.
Leé también | Trump celebró los aranceles: «La cirugía terminó, el paciente sobrevivió y se está recuperando»
Netanyahu, que llegó el miércoles por la noche, fue recibido el jueves con honores militares.
Hungría lo invitó sólo darse a conocer la orden de arresto de la CPI, que tachó de «decisión vergonzosa».
La jurisdicción recordó «la obligación legal» de Budapest y su «responsabilidad hacia los otros Estados miembros» para ejecutar las decisiones.
«En caso de preocupación sobre su cooperación con la Corte, los Estados pueden consultarla», señaló su portavoz, Fadi El Abdallah. «Pero no les corresponde determinar unilateralmente el fundamento de las decisiones jurídicas de la CPI».
Hungría firmó el Estatuto de Roma, el tratado internacional con el que se creó la CPI, en 1999 y lo ratificó dos años después, durante el primer mandato de Orban.
Pero Budapest nunca promulgó la convención asociada al Estatuto de Roma, por razones de conformidad con su Constitución. Por ello, afirma que no está obligada a cumplir las decisiones de la CPI.
