La pesca ilegal en aguas internacionales frente a la costa argentina representa una pérdida económica estimada entre 600 y 1.000 millones de dólares al año.
Fuentes oficiales estiman que son entre 400 y 500 las embarcaciones extranjeras que operan en la milla 201, en su gran mayoría concentradas a menos de 400 kilómetros al Este de la línea costera del país, con especial actividad, en temporada alta, en línea a Comodoro Rivadavia. Muchas de ellas cuentan con licencias británicas en Malvinas. Esa flota captura aproximadamente 250 mil toneladas anuales de especies como el calamar, que nace en aguas argentinas y luego migra. Mientras gobiernos provinciales evalúan la posible apertura de puertos patagónicos para servicios a estas flotas, las cámaras empresarias nacionales se oponen, argumentando que beneficiaría a actores que depredan recursos argentinos, según publicó ADNSUR.
Como punto de partida, es necesario entender una premisa fundamental. El perjuicio causado por la pesca ilegal no se dimensiona tanto hoy por el eventual ingreso de embarcaciones extranjeras sin permiso al mar argentino, sino por la depredación que llevan adelante en el límite externo a la jurisdicción nacional.
Según datos divulgados por el especialista en Atlántico Sur César Lerena, autor de numerosos libros sobre el tema, la flota que opera en la milla 201 captura aproximadamente 250 mil toneladas anuales de especies como el calamar, que nace en aguas argentinas y luego migra.
Esto, según el mismo investigador, genera un perjuicio económico de entre 600 y 1.000 millones de dólares anuales. La razón es sencilla: especies como el calamar illex, altamente demandado en el mercado internacional, comienzan su ciclo de vida en aguas nacionales, pero son explotadas en la milla 201 sin que el país reciba beneficios por ello.
«Son recursos que nacen en aguas argentinas. Por ejemplo, el calamar, que es una de las principales especies que capturan, nace y luego migra hacia Malvinas o alta mar. Es ahí donde esta flota, en algunos casos con licencia ilegal británica, pesca y extrae unas 250 mil toneladas por año», explicó Lerena.
Pese a que Naciones Unidas define como pesca ilegal lo que ocurre en la Milla 201, el país no tiene potestades legales para ejercer control en altamar
La presencia de varios centenares de embarcaciones de diversas banderas, principalmente chinas, españolas y hasta algunas con licencias británicas de Malvinas, ha sido registrada en reiteradas ocasiones por monitoreos satelitales y reportes de Prefectura y la Armada. Sin embargo, la imposibilidad legal para ejercer un control efectivo en altamar, hace que el negocio siga expandiéndose sin freno.
En efecto, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), aclara que la ‘Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (NDNR)’ engloba no sólo a la actividad ejercida en una jurisdicción nacional sin permiso del país al que pertenece esa área, sino también la que se realiza en altamar. Mientras el primer límite abarca a las 200 millas que se miden desde la línea de costa del Estado ribereño, la potestad legal para controlar y reglamentar se extingue en ese límite y no puede ir más allá.
En la llamada «milla 201», el país pierde estos derechos exclusivos y la zona pasa a ser considerada como alta mar, lo que implica que no está bajo la jurisdicción exclusiva de ningún Estado, aunque sigue siendo un espacio de cooperación internacional.
Pesca ilegal en la milla 201: una amenaza comercial para Argentina
En 2016, Argentina presentó un informe ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC), en el cual demostró que su plataforma continental se extiende más allá de las 200 Millas náuticas, hasta las 350 Millas.
Al aprobarse esa ampliación, Argentina pudo ampliar su jurisdicción sobre la plataforma continental en esa zona, pero ésta se limita a recursos del subsuelo (como pueden ser el petróleo y gas) pero no así sobre los ictícolas.
Más del 70% de la flota es de origen chino
El prefecto Sergio Almada se desempeña como Coordinador del Equipo Interdisciplinario para el Control de los Espacios Marítimos y sus Recursos (EICEMAR) de la Prefectura Naval. Con 38 años de servicio, licenciado en Seguridad Marítima y Geografía, además de diplomado en Políticas para el Futuro Sostenible del Mar.
Almada confirmó que la flota potera que opera en esa zona es mayoritariamente china y de otros países asiáticos. “Sí, más del 70% de esos buques son de bandera china. También hay presencia de Corea del Sur y Taiwán», indicó.
El prefecto explicó que el número de buques varía cada año, pero en temporada alta pueden llegar a tener entre 400 y 500 barcos y aclaró que el monitoreo incluye también la zona en torno a nuestras Islas Malvinas. En ese punto, coincidió con la visión de otros expertos, que vienen advirtiendo que las licencias otorgadas por el gobierno británico para operar en aguas de las Islas Malvinas son ilegales. “Para nosotros esas son aguas argentinas, y las monitoreamos como tales”, afirmó.
Respecto a la composición de la flota, Almada indicó que alrededor del 80% de esos barcos son poteros. “Por eso decimos que la actividad se incrementa notoriamente entre diciembre y mayo, que es cuando vienen estas flotas. Luego queda un número menor de arrastreros y palangreros que operan durante todo el año”, añadió.
Sobre el origen de esta última flota, indicó que “hay muchos arrastreros españoles, y también de Corea del Sur, China y de otras banderas de conveniencia como Camerún o Vanuatu. La flota arrastrera se mantiene todo el año, pero el pico más alto lo vemos en esos meses de temporada alta”.
Soluciones posibles para la pesca ilegal en la milla 201
Almada destacó que una solución efectiva para la pesca ilegal en la milla 201 debe enfocarse en quitar los incentivos que tienen las flotas extranjeras para operar en esa zona. En ese punto, mencionó un reciente acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC):
“Este acuerdo de la OMC es sumamente interesante. Básicamente, lo que hace es que los países que subsidian a sus flotas de pesca en aguas distantes, bajo determinadas circunstancias, dejen de subsidiarlas. Por ejemplo, cuando cometan pesca ilegal o cuando operen en áreas no reguladas, como es el caso de la milla 201. Este sería un buen instrumento para regular la actividad pesquera en esa zona”, afirmó Almada.
De ese modo, evaluó, se estaría quitando incentivos a la flota para operar en esas áreas, con banderas de conveniencia, lo que vulnera derechos laborales de las tripulaciones, realizando trasbordos en altamar, con mano de obra sumamente barata, en condiciones muchas veces de semi esclavitud. Argentina ya adhirió a ese acuerdo, pero resta la aprobación de otros países para que entre en vigor.
El prefecto también habló sobre las limitaciones de otro acuerdo, en este caso impulsado por Naciones Unidas, sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ). Según ese convenio internacional, las naciones ribereñas podrían extender el control más allá del límite original, siempre que se demuestre la extensión de la plataforma continental.
“El acuerdo BBNJ todavía no está ratificado por muchos países, incluida Argentina. Aunque puede llegar a aportar algo, no lo vemos como una solución definitiva a la problemática de la Milla 201. La verdadera solución pasa por una gobernanza efectiva en esa área, que implique la cooperación internacional y la eliminación de subsidios dañinos a la pesca”, expresó.
Polémica por el posible ingreso de buques de la milla 201 a puertos de la Patagonia
El coordinador del EICEMAR también se refirió a la posibilidad de que buques que operan en la milla 201 ingresen a puertos de la Patagonia para realizar reparaciones y otros servicios. Al respecto, señaló que esta medida podría abrir nuevas oportunidades de control y vigilancia sobre las embarcaciones.
“En caso de que se produzca, para la Prefectura es una nueva posibilidad de llevar adelante otro tipo de controles que hoy en día no tenemos, precisamente porque pescan en alta mar y porque ingresan a puertos de otros países y no a los nuestros”, explicó Almada.
El prefecto reconoció que la decisión sobre la conveniencia de esta medida no pasa por la Prefectura, sino por otros niveles gubernamentales. “La conveniencia no pasa por nosotros, pero en caso de que se produzca, nos da la posibilidad de otro tipo de investigación respecto al crimen marítimo. Somos policías en el mar, entonces nos abre puertas para realizar determinados controles sobre cuestiones de seguridad del barco y otras formas de crimen marítimo”, concluyó sobre este punto.
Sin embargo, esta iniciativa ha generado controversia entre los empresarios pesqueros y las cámaras empresariales de la región. Los empresarios pesqueros del golfo San Jorge han expresado su preocupación por el impacto negativo que podría tener esta medida en la industria local. Argumentan que permitir el acceso de estas flotas a los puertos patagónicos beneficiaría a actores que depredan recursos argentinos y pondría en riesgo la continuidad de las empresas locales.
Tanto los gobiernos de Santa Cruz como de Chubut se han mostrado interesados en generar esta apertura de puertos, para competir con el ofrecimiento de servicios que hoy la flota extranjera realiza en Montevideo.
Poca cantidad de capturas de buques en aguas argentinas y sanción electrónica
En los últimos años, ha habido una baja cantidad de capturas de buques extranjeros sorprendidos en maniobras de pesca ilegal, algo que Almada no dudó en atribuir a la efectividad de los controles, que logran una presencia disuasiva, pero además por la explicación de que el “negocio” para quienes saquean recursos argentinos está en la Milla 201.
“Las últimas tres capturas fueron en el año 2020 -precisó-. La mayor cantidad se dio en los primeros años de la década del 80 y la década de los 90, ya luego se fueron reduciendo precisamente por los controles y porque empezó a aplicarse tecnología para el control de lo mismo”, explicó Almada.
Recientemente, la Prefectura Naval Argentina implementó un sistema de sanción electrónica para abordar las incursiones ilegales.
“Con la tecnología aplicada, utilizamos el sistema guardacostas como medio de prueba sin la necesidad de que estén guardacostas ahí. Realizamos un sumario electrónico por primera vez respecto a un buque extranjero y se notificó a la empresa, que aceptó y pagó la multa correspondiente, incluyendo los gastos operativos de la prefectura”, indicó. La sanción fue del orden de los 700.000 dólares, pese a que el ingreso a aguas argentinas había sido de unos pocos metros. “Ya no es necesaria la captura de barcos”, indicó.
Entre 1986 y 2020, hubo un total de 80 capturas.
Un “agujero azul” en línea directa a las costas de Comodoro Rivadavia
Almada también proporcionó información sobre la ubicación de la flota extranjera, al momento de la sanción mencionada más arriba, que en el mes de enero estaba concentra a poco más de 400 kilómetros al Este del golfo San Jorge.
“Básicamente, las flotas en esa época del año estaba operando frente a Comodoro Rivadavia en la zona del agujero azul, frente al golfo San Jorge”, explicó Almada. Obviamente, no es el único punto, ya que la flota se moviliza persiguiendo al recurso, pero se concentra a una distancia no mayor de 1 milla (1.700 metros) del límite territorial argentino, mientras que en vertical puede abarcar unos 1.000 kilómetros, entre los paralelos 40 y 48.
La magnitud del problema está claramente diagnosticada. Resta esperar a que haya acciones concretas para empezar a revertirlo.