El funcionario indígena Luis Pacheco quedó bajo prisión preventiva acusado de terrorismo y obstaculización a la acción penal, por convocar a protestas en 2023 para defender el triunfo electoral de Bernardo Arévalo.
Una jueza penal envió este viernes a prisión preventiva a un viceministro indígena de Guatemala que en 2023 lideró protestas contra la cuestionada fiscal general, Consuelo Porras, cuyo arresto desató críticas de la ONU, OEA y oenegés internacionales, informó la Fiscalía, según publicó DW.
El viceministro de Energía y Minas, Luis Pacheco, está detenido desde el miércoles por cinco delitos que le imputa la Fiscalía, entre ellos terrorismo, por convocar a protestas para defender el triunfo electoral del actual presidente Bernardo Arévalo, que Porras trató de impugnar.
Junto a Pachecho, quien asumió el cargo en agosto de 2024, fue detenido el líder indígena Héctor Chaclán. Ambos fueron procesados por los delitos de terrorismo y obstaculización a la acción penal, precisó la Fiscalía en un comunicado.
El ente investigador indicó que la jueza Patricia Flores dio valor a los indicios contra los detenidos y resolvió dictar prisión preventiva en la cárcel del cuartel Mariscal Zavala de la capital.
Ola de críticas
El arresto provocó una ola de críticas, entre ellas del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, así como del presidente Arévalo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y de 16 oenegés internacionales.
Türk consideró en un mensaje de X «preocupante» el «uso indebido del derecho penal en Guatemala para detener líderes indígenas» y destacó que «participar en manifestaciones pacíficas es un derecho humano que no debe ser sancionado».
Por su parte, las 16 oenegés, entre ellas el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Washington Office on Latin America (WOLA), demandaron en un comunicado «el cese inmediato de la criminalización» contra los líderes indígenas por parte de la Fiscalía.
En 2023, miles de guatemaltecos bloquearon rutas y protestaron para «defender» la victoria de Arévalo y exigir la renuncia de Porras, quien intentó impedir que el presidente asumiera el cargo.
La fiscal Porras fue sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla «corrupta» y «antidemocrática».
Este caso reavivó el conflicto entre Porras y el mandatario socialdemócrata, quien busca que ella se retire del cargo, pero carece de facultades para removerla antes de que concluya su mandato de 2026.