Una fuerte controversia política e institucional sacude al Congreso de la Nación ante la inminente pérdida de estado parlamentario de una de las normativas más esperadas para frenar la expansión del juego compulsivo.
Entre fuertes acusaciones de presiones corporativas, jugosos negocios millonarios y un lobby feroz que involucra a los principales actores del deporte y la política, el futuro del proyecto se debate contrarreloj a pocos días de su fecha límite.
El proyecto de prevención de la ley de ludopatía (expediente CD-26/24) cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde noviembre de 2024, pero se encuentra al borde de la caducidad al vencer este próximo 30 de noviembre si la Cámara alta no lo trata antes de esa fecha.
El cajoneo en el Senado y el choque de intereses políticos
El texto legal quedó paralizado en las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, presididas por los senadores libertarios Ivanna Arrascaeta, Nadia Márquez y Gonzalo Guzmán Coraita, quienes nunca convocaron a dictaminar.
La Libertad Avanza votó en contra en su momento en Diputados y logró cajonear la iniciativa con el acompañamiento táctico de sectores del PRO, la UCR e incluso del peronismo.
Desde el oficialismo argumentan que la normativa resulta demasiado restrictiva porque vulnera “libertades comerciales,publicidad privada y competencias provinciales”. En la vereda de enfrente, sectores de la oposición y organizaciones señalan directamente a las principales casas de apuestas del mercado —tales como Betano, Betsson, Codere, BetWarrior y bplay— por ejercer presiones intensas para evitar que se abra el debate. “Hay muchos intereses en juego en todos los partidos”, admitió un dirigente de peso del peronismo.
Millones en juego: el impacto en el negocio, el fútbol y el Estado
Las cifras que mueve el sector son descomunales. El juego online factura en el país al menos 2.500 millones de dólares anuales, según estimaciones de Cenital basadas en datos de la AFIP, mientras que proyecciones privadas calculan el volumen en unos 1.800 millones para el actual calendario.
Solo en la provincia de Buenos Aires, los siete principales casinos online registraron ganancias mensuales por 1.656 millones de dólares, de acuerdo con un relevamiento del legislador Facundo Tinganelli.
La ley en cuestión prohibiría drásticamente la publicidad, el patrocinio y los bonos de bienvenida, tres pilares del modelo de negocios de plataformas como bet365, Betano, Betsson, bplay, BetWarrior, Stake, Sportsbet y Codere, que compiten agresivamente en televisión, redes sociales e influencers.
El fútbol es uno de los rubros más golpeados: Betsson paga 7,5 millones de dólares anuales por la camiseta de Boca hasta 2028, Betano es naming sponsor de la Liga Profesional y patrocina a River, y BetWarrior supo ser sponsor oficial de la Selección.
Paralelamente, el Estado también forma parte del engranaje financiero: el impuesto indirecto a las apuestas online aportó 106.601 millones de pesos en los primeros ocho meses del año, con un récord histórico durante el mes mundialista de julio que alcanzó los 17.798 millones (un 35,5% más que en 2025).
Ante este panorama crítico, las dos CTA advirtieron que cada día que el Senado posterga la discusión “convalida las ganancias millonarias de unos pocos grupos concentrados a costa del sufrimiento de millones de hogares”.
Con la Iglesia católica —a través de delegados de la Conferencia Episcopal recorriendo despachos senatoriales— y el bullrichismo intentando reflotar una discusión con escaso margen de tiempo y votos, el reloj corre inexorablemente hacia el final de noviembre.