Por medio del Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo reestructuró la normativa; se creó un “Plan Director de Mejora Estratégica” para garantizar el desarrollo de las obras básicas de infraestructura
En el marco del proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A (AySA), anunciado días atrás por el vocero presidencial, Manuel Adorni, el Gobierno dio un nuevo paso y, a través de un DNU publicado en el Boletín Oficial, autorizó a la empresa a cortar el suministro a usuarios por falta de pago. Además, reestructuró gran parte de la normativa y dispuso nuevos artículos. Según informó La Nación.
Por medio del Decreto 493/2025, el Poder Ejecutivo sustituyó el Decreto 304/2006 y especificó: “El diseño del régimen vigente no se ajusta a las necesidades actuales de expansión, sostenibilidad y eficiencia que la prestación del servicio requiere, al haber sido concebido para un modelo de gestión estatal que no contempla adecuadamente las condiciones necesarias para fomentar nuevas inversiones y ampliar la cobertura”.
También señaló que existe un contexto de “profunda crisis económica que limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público”. “Esto se evidencia entre otros aspectos, en el creciente deterioro operativo y financiero de AySA, cuya estructura actual resulta insuficiente para dar respuesta a las demandas crecientes de cobertura, calidad y sostenibilidad”.
Autorizan a AySA a cortar el servicio y diseñan plan de mejora de infraestructura
Por su parte, el Gobierno autorizó a la empresa a “efectuar el corte de servicio en caso de mora”, además de entregarle “amplias facultades para revisar y auditar todas las obras que se ejecuten dentro del Área Regulada” y permitirle la “construcción como garantías de los fondos provenientes de Contrato de Concesión para garantizar el repago del financiamiento”.
Con la reestructuración de la normativa, el Ejecutivo estableció un punto de Cooperación entre el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APLA), mediante el cual deberán reunirse en cada oportunidad que consideren necesario para analizar todos los temas que consideren de incumbencia de ambos organismos en función de las competencias que cada uno tiene atribuidas. “La concesionaria, la sindicatura de usuarios y las comisiones asesoras podrán solicitar el tratamiento de temas que requieran la intervención conjunta”, enfatizó.
Nuevo plan estratégico definirá inversiones clave en agua y saneamiento
A su vez, se creó un Plan Director de Mejora Estratégica, que será elaborado por APLA y tendrá por objeto “establecer los lineamientos y estrategias técnicas para el desarrollo de las obras básicas de infraestructura que posibiliten la ampliación y extensión del servicio público a través de programaciones de proyectos y obras, fuentes de financiamiento y entes ejecutores”. Se trata de un documento técnico y referencial, que no tendrá carácter vinculante, sino que servirá como directriz y base del Plan de Acción de la Concesionaria, y será evaluado cada cinco años por la agencia.
“Deberá contemplar criterios de razonabilidad y economicidad técnica para evaluar la factibilidad de las obras, tomando en consideración la densidad poblacional y demás aspectos geográficos que puedan determinar la inviabilidad de la inversión”, aclararon.
Por último, el Gobierno consideró: “Resulta pertinente adoptar con celeridad medidas que permitan viabilizar urgentemente las inversiones necesarias y garantizar la mejora sostenida en las condiciones de prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales a cargo de AySA sin que ello implique, en ningún caso, interrupciones ni situaciones que pongan en riesgo la continuidad del servicio”.
Los puntos más importantes de la nueva normativa
- El Gobierno autorizó a la empresa a cortar los suministros por falta de pago
- Se creó un Plan Director de Mejora Estratégica para desarrollar obras de infraestructura
- Se estableció un punto de cooperación entre APLA y ERAS
- El 90% del capital de la sociedad pertenecerá al Ministerio de Economía, mientras que el 10% restante quedará en manos de empleados adheridos al Programa de Propiedad Participada.
- Las controversias que se susciten entre el concedente y la concesionaria podrán ser resueltas por medio de un arbitraje, que será determinado en el Contrato de Concesión
- La concesionaria deberá presentar anualmente ante el ERAS un informe detallado de las actividades realizadas y planificadas para el año siguiente