En un operativo de gran envergadura, la Justicia argentina concretó una serie de detenciones clave vinculadas al escándalo del fentanilo contaminado que habría contribuido a la muerte de decenas de pacientes.
Entre los arrestados se encuentra el titular del laboratorio HLB Pharma, familiares y directivos, acusados de ser responsables de la producción y comercialización del lote contaminado.
Una investigación que culmina con allanamientos y arrestos
Este miércoles, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Gendarmería Nacional ejecutaron 10 allanamientos con órdenes de detención. El blanco principal fue Ariel Fernando García Furfaro, dueño de HLB Pharma y de Laboratorios Ramallo, empresas en el centro de la investigación por al menos 96 fallecimientos. Junto a él, fueron detenidos sus hermanos Diego y Damián García, su madre Nilda Furfaro (accionista y vicepresidenta), el director general Javier Tchukran, y los directores técnicos Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y José Antonio Maiorano.
La postura del Ministerio de Seguridad y la Justicia
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó las detenciones a través de sus redes sociales, donde publicó fotografías de algunos de los aprehendidos. “Las hacen, las pagan. Los responsables del lote letal de fentanilo, tras las rejas… Se acabó la impunidad: ahora deberán responder ante la Justicia”, escribió. La investigación, a cargo del juez Ernesto Kreplak, avanza sobre posibles desvíos en los controles de calidad de los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo, contaminados con las bacterias Klebsiella y Ralstonia, y un presunto desvío de producto al mercado ilegal.
El crucial peritaje médico que establece el vínculo
Un informe del Cuerpo Médico Forense, analizando las primeras 20 historias clínicas de pacientes fallecidos, certificó que el fentanilo de HLB Pharma estaba contaminado y que las bacterias se encontraron en la sangre de los pacientes. Si bien no se estableció un «Nexo Causal Directo» como única causa de muerte, el estudio determinó que en 12 de los 20 casos, la administración del fármaco contaminado “constituye un factor agravante significativo” que contribuyó al desenlace fatal en pacientes con cuadros clínicos complejos. Este hallazgo científico es pivotal para la causa.
El caso, calificado por los fiscales como de “criminalidad compleja”, expone graves falencias en los procesos de producción farmacéutica y en los controles oficiales. La investigación, que aún continúa con el análisis de más expedientes, marca un precedente en la búsqueda de justicia para las familias afectadas y en la responsabilidad corporativa dentro del crítico sector de la salud. Información extraída del medio Infobae.
