El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS) se pronunció en contra del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) iniciado por el gobierno nacional, alertando que la medida pone en riesgo el acceso universal al agua potable y al saneamiento básico para millones de argentinos.
La postura gremial responde a la Resolución 1198/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, que dispone la transferencia del 90% de las acciones de la empresa estatal al sector privado.
El comunicado del gremio, liderado por José Luis Lingeri, cuestiona los fundamentos oficiales de la medida y defiende la gestión estatal del servicio. Según informó el propio sindicato a través de su comunicado oficial, los trabajadores consideran que el agua debe mantenerse como un derecho humano esencial y no como una mercancía sujeta a las reglas del mercado.
Cuestionamientos a los argumentos oficiales
El SGBATOS rechazó enérgicamente las declaraciones gubernamentales que califican la gestión estatal de AySA como «ineficiente y costosa», argumentando que los indicadores utilizados para sustentar esta afirmación son parciales e incompletos. Según el gremio, las métricas oficiales solo consideran la cobertura del servicio, ignorando aspectos cruciales como la calidad del agua y el desempeño operativo.
«Día a día sostenemos el verdadero trabajo y compromiso de la empresa», afirmaron los trabajadores, desmintiendo las «conclusiones erróneas» sobre su labor y destacando el esfuerzo cotidiano para mantener el servicio en funcionamiento.
Inversiones y población vulnerable
Uno de los puntos centrales de la crítica sindical se refiere a la capacidad del sector privado para realizar las millonarias inversiones necesarias para expandir el servicio. El gremio estima que se requieren aproximadamente 15.000 millones de dólares para llevar agua potable y saneamiento a los sectores más vulnerables, que actualmente dependen de subsidios estatales.
«La experiencia histórica demuestra que la lógica del mercado no garantiza inclusión, sino que prioriza la rentabilidad por sobre el acceso universal», señaló el comunicado, advirtiendo que en un esquema privatizado «nadie asume la responsabilidad de garantizar el acceso al agua y al saneamiento a la población más vulnerable».
Cambios en el marco regulatorio
Los trabajadores también criticaron las modificaciones al marco regulatorio que eliminan la obligación de los concesionarios de universalizar el servicio y realizar obras de expansión. Según su análisis, la Agencia de Planificación (APLA) seguirá definiendo las obras y su financiamiento estatal, lo que contradice el argumento oficial de que la privatización garantizará por sí sola el acceso para los 5 millones de argentinos que aún carecen de estos servicios básicos.
El proceso de privatización, autorizado el 23 de julio tras modificaciones al estatuto de AySA, combina una licitación pública para vender al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico y una oferta pública inicial para el 39% restante. Solo el 10% del capital quedará en manos de los trabajadores a través del programa de propiedad participada.
La defensa del agua como derecho humano
Frente al avance del proceso de privatización, el SGBATOS reafirmó su posición conceptual sobre la naturaleza del servicio: «El agua no es una mercancía, sino un derecho humano esencial y un bien social que debe estar bajo la órbita del Estado, con gestión profesional y participación activa de sus trabajadores y trabajadoras».
La postura del gremio sienta las bases para un conflicto que trasciende lo laboral y se instala en el terreno de los derechos humanos básicos, planteando una pulseada conceptual entre la visión del agua como bien comercializable y como derecho fundamental garantizado por el Estado. Información extraída del medio Mundo Gremial.
