El juez federal Sebastián Casanello deberá resolver el pedido de nulidad presentado por los dueños de la droguería Suizo Argentina, en el marco de la investigación por presuntos sobreprecios en contrataciones con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, propietarios de Suizo Argentina, solicitaron anular el proceso judicial argumentando que la causa se originó en grabaciones ilegales al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo. Sin embargo, la Fundación Poder Ciudadano, que actúa como querellante, rechazó este pedido.
Según TN, el juez Casanello tendría decidido desestimar el planteo, aunque cuenta con un plazo de tres días hábiles para dar una resolución formal.
Los audios que desataron la causa
La investigación se activó tras la difusión de audios de Spagnuolo, donde se mencionaba un esquema de supuestos retornos ilegales vinculados a contrataciones de medicamentos. Estos audios provocaron su salida de la ANDIS el pasado 20 de agosto y abrieron un expediente que involucra a funcionarios de alto nivel.
En ese contexto, la Justicia busca determinar si existieron sobreprecios en las licitaciones y si la droguería Suizo Argentina obtuvo beneficios indebidos en sus contratos.
El alcance de los contratos
Durante la gestión de Spagnuolo, la empresa Suizo Argentina concentró el 22% de una licitación por $24.000 millones y acumuló contratos por más de $55.000 millones. Desde la compañía, los hermanos Kovalivker sostienen que nunca ofertaron con sobreprecios y que todos los procesos fueron regulares.
Una semana clave en la investigación
Con el inminente levantamiento del secreto de sumario, Spagnuolo podrá acceder al expediente y conocer en detalle las pruebas en su contra. Este paso resulta crucial para definir si avanzará como imputado colaborador, una figura que podría darle un giro a la investigación.
El caso Spagnuolo se encamina a una etapa decisiva, en la que la resolución de Casanello y las próximas medidas judiciales marcarán el rumbo de una investigación que compromete a funcionarios, empresarios y millones de pesos en contrataciones públicas.