El Gobierno nacional, a través de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), formalizó una denuncia penal contra la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 3, a cargo del Dr. Daniel Eduardo Rafecas.
La acción judicial busca resolver el creciente conflicto gremial, acusando al sindicato de interrupción de servicios y de comprometer la seguridad operacional, lo que ha generado un caos en los aeropuertos del país y afectado a miles de pasajeros en vísperas de las fiestas.
La denuncia y sus fundamentos
La presentación de EANA se centra en la interrupción del servicio aéreo y, principalmente, en el haber comprometido la seguridad operacional. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la empresa estatal argumenta que la colocación de cartelería y banderas en las estructuras externas de las torres de control del Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, entre otros, atentaron directamente contra la seguridad.
El desprendimiento de estos elementos podría ser ingerido por las turbinas de las aeronaves, representando un riesgo inminente para la vida de los pasajeros y la integridad de los equipos. Además, estos objetos distractores y obstructivos dificultan la visión y la concentración esencial para las tareas de guía y seguridad que realizan los operadores. EANA sostiene que el derecho a la protesta no puede vulnerar la seguridad de la navegación aérea.
Un servicio esencial bajo amenaza
Las medidas de fuerza llevadas adelante por ATEPSA han provocado significativas modificaciones en el cronograma de vuelos, resultando en demoras y cancelaciones que afectaron a más de 40.000 usuarios tras la primera jornada de paro. Compañías como Aerolíneas Argentinas y Flybondi han tenido que realizar ajustes preventivos en sus programaciones, impactando en más de 60 servicios solo en la jornada de hoy.
El sindicato ha ratificado la continuidad de su plan de lucha para los días 23, 27 y 29 de diciembre, abarcando tanto vuelos domésticos como rutas internacionales en horarios pico de la temporada estival, con afectaciones que irán desde despegues restringidos a nivel nacional hasta una paralización total de la aviación.
La postura de ATEPSA y el futuro del conflicto
Por su parte, ATEPSA defiende la legitimidad de sus acciones, fundamentando el conflicto en la ruptura de los canales de diálogo, el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, despidos recientes y la erosión del poder adquisitivo del sector.
La escalada jurídica sitúa al juez Daniel Eduardo Rafecas en un rol determinante para establecer si las acciones de propaganda gremial constituyen un delito contra la seguridad pública o si se enmarcan dentro del libre ejercicio de la actividad sindical. Mientras el litigio avanza, la previsibilidad del transporte aéreo para el cierre del año 2025 permanece condicionada a su resolución.
Se recomienda a los pasajeros consultar el estado de su vuelo directamente con la compañía aérea antes de dirigirse a las terminales, dado que el efecto de la medida suele extenderse más allá de la franja horaria establecida debido al reordenamiento operativo.