La sesión de este miércoles mostró un amplio consenso político en favor de la norma que garantiza derechos esenciales para las personas con discapacidad.
En la votación, únicamente los seis legisladores de La Libertad Avanza y una senadora del PRO respaldaron al presidente, mientras que el resto del Senado votó en contra. Según informó TN, el resultado final fue 63 votos afirmativos y solo siete negativos, dejando al Gobierno con el camino despejado para la promulgación de la ley.
El rechazo al veto también contó con el fuerte respaldo de los gobernadores provinciales y de los bloques aliados del oficialismo, incluyendo PRO, UCR y fuerzas provinciales, quienes fundamentaron su posición con críticas directas al presidente.
Críticas al veto presidencial en el Senado
El senador radical Maximiliano Abad señaló: “El veto me dejó atónito: nos piden que señalemos recursos cuando hace dos años que no presentan Presupuesto. No hay contradicción entre cuidar las cuentas públicas y garantizar derechos básicos”.
Por su parte, la legisladora Natalia Gadano, del bloque Por Santa Cruz, agregó: “No se puede vetar la dignidad, la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad. ¿De qué sirve un país con cuentas ordenadas si está hecho de ciudadanos abandonados? Gobernar no es excluir. Señor Presidente, gobierne para todos los argentinos”.
El senador santacruceño José María Carambia advirtió que, si Milei no cumple con la ley, “seré el primero en presentar un juicio político”.
La ley de Emergencia en Discapacidad: alcance y beneficios
La norma establece un financiamiento sostenible de pensiones no contributivas por discapacidad, fortalecimiento de prestadores y un régimen de emergencia para regularización de deudas tributarias. También contempla la condonación de intereses, multas y sanciones, refinanciación de planes de pago y nuevas altas de pensiones por discapacidad.
El proyecto dispone un refuerzo en las pensiones no contributivas por invalidez, elevándolas al 70% del haber mínimo jubilatorio, y asegura su compatibilidad con empleos formales hasta dos salarios mínimos. La pensión actual es de $220.013,76, sin contar el bono de $70.000, y el costo de implementar la ley oscila entre 0,28% y 0,51% del PBI.
Históricamente, este tipo de rechazo a un veto presidencial no ocurría desde hace 22 años, cuando el Congreso rechazó el veto a la ley Azucarera en 2003 durante el Gobierno de Eduardo Duhalde.