El Gobierno de Javier Milei sufrió un revés legislativo luego de que el Senado rechazara el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La norma, que declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027, incluye la reformulación de pensiones no contributivas, actualización de aranceles y uso de compensaciones económicas. Según informó TN, la medida del veto de Milei contó con 63 votos afirmativos y solo 7 en contra, dejando sin efecto el intento del Ejecutivo de bloquear la norma.
Cómo votó cada bloque
La UCR, el PRO, el interbloque peronista y los bloques provinciales que responden a los gobernadores se opusieron al veto. Por su parte, el oficialismo solo contó con el apoyo de la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero y de Francisco Paoltroni. La sesión histórica fue presidida por Bartolomé Abdala, debido a que la vicepresidenta Victoria Villarruel quedó a cargo del Poder Ejecutivo mientras Milei viaja a Estados Unidos.
Impacto económico y social de la ley
La Ley de Emergencia en Discapacidad contempla la actualización de los aranceles de los talleres y asignaciones para personas con discapacidad. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la norma tendrá un impacto que oscila entre el 0,22% y el 0,42% del PBI, dependiendo de las altas que se produzcan hasta diciembre de 2026. La medida busca garantizar la cobertura de prestaciones básicas y mejorar la compensación económica para los prestadores del sistema.
Alternativas del Ejecutivo
El Gobierno de Javier Milei analiza distintas estrategias para evitar promulgar la ley. Entre las opciones se encuentra solicitar la nulidad de la sesión que sancionó la norma o evaluar la judicialización, aunque por el momento no se descarta dejar que la ley entre en vigencia. “Estamos definiendo el mecanismo”, indicaron fuentes del Ejecutivo.
La sanción definitiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad marca un precedente histórico y evidencia la resistencia del Congreso frente a los vetos presidenciales. La normativa establece beneficios claros para los sectores más vulnerables y consolida un marco de protección social hasta 2027.
