La denuncia del Gobierno argentino por la difusión de audios atribuidos a Karina Milei llegó a Uruguay.
La denuncia del Gobierno por los audios de Karina Milei cruzó la frontera. El Ejecutivo de Javier Milei acusó al canal de streaming uruguayo Dopamina por difundir grabaciones atribuidas a la secretaria general de la Presidencia, en el marco de un caso que divide a la Justicia entre la libertad de prensa y la protección institucional.
Lo que comenzó como un escándalo mediático en la Casa Rosada terminó trasladándose a Uruguay. El abogado Fernando Soto, representante del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, amplió la denuncia presentada en la Justicia argentina e incorporó al canal uruguayo Dopamina, que difundió uno de los audios un día después de que el oficialismo buscara frenar su circulación en el país.
Según explicó Marcos Casas, conductor del programa donde se reprodujo el material, los registros llegaron desde Argentina y formaban parte de una serie de filtraciones que inicialmente iba a publicar Jorge Rial. El contenido filtrado mostraría a Karina Milei hablando sobre Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.
Desde el Gobierno admiten que no pudieron verificar la autenticidad de las grabaciones, pero sostienen que responden a un plan organizado para perjudicar al oficialismo en plena campaña en la provincia de Buenos Aires.
Bullrich redobla su ofensiva judicial
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya había denunciado la existencia de una supuesta “organización criminal” dedicada a la inteligencia ilegal. En ese marco, pidió medidas severas contra los responsables de difundir los audios: desde la prohibición de su circulación hasta allanamientos en domicilios de periodistas y medios involucrados.
En esa lista se encuentran Jorge Rial, Mauro Federico y el canal de streaming Carnaval, señalado como el primero en difundir los registros. Ahora, con la denuncia contra Dopamina, la ofensiva judicial se expande más allá de las fronteras argentinas.
Justicia dividida: libertad de prensa o censura
La estrategia oficial encontró respuestas contradictorias en los tribunales. En el fuero civil, Karina Milei consiguió que el juez Alejandro Maraniello dictara una medida cautelar que prohíbe la circulación de los audios en territorio argentino.
El magistrado aclaró que no se trata de censura previa, aunque encomendó al Enacom que supervise el cumplimiento de la orden. En paralelo, en el fuero penal, el fiscal Carlos Stornelli decidió abrir una causa, pero rechazó censurar contenidos o autorizar allanamientos. “Las fuentes periodísticas son inviolables”, remarcó, marcando un límite al avance del Ejecutivo.
El efecto contrario
El nuevo audio difundido en Uruguay expuso al Gobierno a un escenario inesperado: el intento de silenciar la filtración terminó por amplificar su circulación en medios y redes sociales.
Según informó Página 12, el caso pone en tensión los límites entre la defensa institucional del Ejecutivo y la libertad de prensa en un contexto de fuerte polarización política.
La denuncia del Gobierno por los audios de Karina Milei abre un debate profundo sobre la libertad de prensa, la censura y los alcances de la justicia en Argentina y en la región.
