El círculo político de los Menem enfrenta un frente judicial cada vez más amplio. Eduardo “Lule” Menem, asesor de la Secretaría General de la Presidencia, y su primo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, son señalados en investigaciones por supuestas irregularidades en contrataciones públicas, licitaciones y manejos en organismos como PAMI y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
El epicentro de las pesquisas es el denominado caso Spagnuolo, iniciado a partir de una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, representante de Cristina Fernández de Kirchner, tras la difusión de grabaciones clandestinas. En esos audios, el exdirector de Andis, Diego Spagnuolo, habla de presuntos sobornos ligados a la compra de medicamentos, mencionando a la droguería Suizo Argentina y a dirigentes del oficialismo.
Los Menem bajo la lupa
De acuerdo con LU17.El expediente quedó bajo el juzgado de Sebastián Casanello y la fiscalía de Franco Picardi, con la colaboración de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Las defensas plantearon la nulidad de las escuchas, mientras que Lule y Martín Menem rechazaron públicamente las acusaciones, calificándolas de “operación política”.
Otra línea de investigación apunta a Tech Security SRL, empresa vinculada a la familia Menem. El juez Daniel Rafecas analiza un contrato por casi 4.000 millones de pesos con el Banco Nación, tras una denuncia del dirigente Juan Ricardo Mussa. La causa busca esclarecer la adjudicación y los vínculos societarios, en un contexto en el que Martín Menem cedió sus acciones a su hermano pocos días antes de asumir en Diputados.
También aparece la obra social Osprera, a partir de una denuncia de José Antonio Voytenco, titular de UATRE. La fiscalía pidió que se cite a indagatoria a varios imputados, tras detectarse vínculos con referentes cercanos a la Casa Rosada.
Las investigaciones alcanzan además a delegaciones de PAMI en Chaco, La Plata, Misiones, Santa Cruz y Buenos Aires, donde se habrían exigido retornos de sueldos a empleados públicos. En Chaco, la Justicia detectó contrataciones directas a empresas ligadas a dirigentes de La Libertad Avanza, y en Santa Cruz se desplazó al jefe de la sede de Caleta Olivia tras una denuncia interna.
A esto se suma una denuncia reciente de oftalmólogos que alertaron sobre incrementos en el precio de lentes intraoculares para cirugías de cataratas. Hasta julio, cada profesional gestionaba compras directas por unos $35.000 por lente, pero el nuevo sistema centralizado de PAMI fijó valores entre $150.000 y $300.000 por unidad, lo que disparó acusaciones de sobreprecios.
El organismo defendió el esquema, señalando que el costo total de la prestación es de $565.000, menor al de otras obras sociales, e insistió en que los nuevos valores incluyen trazabilidad y logística. Los médicos, en cambio, presentaron documentación con precios de mercado muy inferiores.
Con causas abiertas en Comodoro Py y en juzgados del interior, el escenario judicial se torna cada vez más complejo. Las pesquisas abarcan desde posibles sobreprecios en medicamentos hasta desvíos en obras sociales y contrataciones millonarias, en un marco en el que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas busca unificar criterios y responsabilidades.
En pleno año electoral, el avance de los procesos judiciales tiene un fuerte impacto político y mediático. Mientras la oposición habla de entramados de corrupción, el oficialismo insiste en que se trata de denuncias impulsadas para desgastar al gobierno.