El Gobierno promulgó la norma, pero suspendió por DNU su puesta en vigencia hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento e incorpore las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.
Varias figuras de la oposición cuestionaron la decisión del presidente Javier Milei de promulgar la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad pero suspender su entrada en vigencia hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento. «Es nulo de nulidad absoluta e insanable e inconstitucional», clamaron. De acuerdo con C5N.
A través del Decreto 681/2025, el Gobierno advirtió que el presupuesto vigente «no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación» y que, incluso reasignando todas las partidas de los tres poderes del Estado, los fondos resultarían «igualmente insuficientes», por lo que solo un aumento del presupuesto aprobado por el Congreso podría garantizar la sostenibilidad de la medida.
«Corresponde que el Poder Ejecutivo Nacional promulgue la Ley N° 27.793 la que, sin embargo, por imperio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629, se encuentra suspendida en su ejecución hasta tanto el Honorable Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que ella misma prevé», concluye el texto.
Las críticas a la suspensión de la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad
El titular de la Unión Cívica Radical (UCR) y senador nacional, Martín Lousteau, planteó que «el Gobierno le vuelve a dar la espalda a las personas con discapacidad». «Ahora dicen que no pueden implementar la Ley porque no tienen la plata, pero es mentira, es una cuestión de prioridades. Hace dos años que no tenemos presupuesto y el Jefe de Gabinete asigna partidas a su criterio y discreción. ¿Probaron con no bajarle tantos impuestos a los más ricos de los ricos?», sostuvo este lunes en su cuenta de X.
Por su parte, el diputado y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, alegó que «el Presidente incurre en nulidad absoluta». «Pretende inventar un procedimiento nuevo para la sanción y aplicación de las leyes, algo que la Constitución no permite. No es competencia del Poder Ejecutivo agregar pasos ni condicionar la vigencia de lo que ya aprobó el Congreso», subrayó.
«La Ley de Emergencia en Discapacidad es clara: el jefe de Gabinete, conforme a sus atribuciones legales, debe asignar y/o reasignar partidas presupuestarias para garantizar su cumplimiento. No puede excusarse: la ley lo obliga a priorizar y reorganizar el presupuesto para dar respuesta a las personas con discapacidad. Basta de excusas y de maniobras inconstitucionales. Cumplan la ley», exigió.
El diputado de Encuentro Federal Esteban Paulón, en tanto, señaló que «el Gobierno finalmente publicó la ley y acto seguido la devuelve al Congreso para demorar su cumplimiento». «Es inaudito e inédito: nunca un gobierno incumplió una ley tan abiertamente, desafiando la voluntad popular y a la propia Constitución. Si el 4 de octubre la ley no está cumplida ampliaremos la denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. ¡Con la discapacidad, no!», escribió.
EL DECRETO 681/2025 ES NULO DE NULIDAD ABSOLUTA E INSANABLE Y VIOLA LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La Constitución argentina es clara y concreta en lo atinente al proceso de formación y sanción de las leyes. El Congreso sanciona un proyecto de ley. El Poder…— Andres Gil Dominguez (@agildominguez) September 22, 2025
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez expresó que «el Decreto 681/2025 es nulo de nulidad absoluta e insanable e inconstitucional al violar objetivamente el procedimiento de formación y sanción de las leyes, como así también, lesionar los derechos de las personas con discapacidad».
«¿Qué se puede hacer ante el Decreto 681/2025? Las personas afectadas promover acciones de amparo de forma individual y colectiva. Cualquier persona realizar una denuncia penal por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Cualquier persona solicitar a la Cámara de Diputados la promoción de un juicio político contra el Señor Presidente Javier Milei por mal desempeño en el cargo y la comisión de delitos en ejercicio del cargo», concluyó.
