El número de personas que abandona la cobertura privada crece, llevando más pacientes a hospitales públicos por motivos económicos.
En los últimos meses, cada vez más argentinos están dejando los servicios de medicina prepaga y optando por regresar al hospital público. Según expertos, la principal causa de este fenómeno es la suba constante de los costos de las prepagas, que se volvió insostenible para muchos hogares.
El director del Hospital Central, Dr. Marcelo Gómez, señaló que «estamos recibiendo un incremento considerable de pacientes que antes contaban con cobertura privada y ahora dependen exclusivamente del sistema público».
Factores económicos y sociales
La decisión de abandonar la prepaga está directamente vinculada a la situación económica. Muchos pacientes explican que deben priorizar gastos esenciales y no pueden afrontar los aumentos mensuales, que superan la inflación. «El costo de la prepaga se volvió imposible de sostener, y no nos queda otra opción que volver al hospital público», explicó una usuaria que prefirió no dar su nombre.
Además, algunos analistas destacan que la falta de aumentos salariales proporcionales a la inflación agrava la situación, haciendo que el gasto en salud privada resulte cada vez menos viable.
Impacto en la atención sanitaria
El aumento de pacientes que vuelven al sistema público genera mayor presión sobre hospitales y centros de atención, afectando tiempos de espera y disponibilidad de recursos. Desde el Ministerio de Salud se informó que están trabajando en reforzar el personal y los insumos, pero reconocen que «la demanda supera la capacidad instalada en algunos servicios críticos», según Diario Jornada.
En paralelo, asociaciones de prepagas aseguran que el incremento de precios es necesario para cubrir costos de insumos, personal médico y tecnología, pero admiten que esto genera una brecha de acceso para quienes no pueden sostener esos gastos.
Relevancia del regreso al sistema público
El fenómeno de que cada vez más gente deja la prepaga y vuelve al hospital público refleja cómo la crisis económica impacta directamente en la salud de la población, aumentando la presión sobre los servicios estatales y evidenciando la necesidad de políticas que protejan el acceso universal a la atención médica.