El diputado nacional José Luis Espert fue imputado por presunto lavado de dinero en una causa que también involucra al empresario Federico “Fred” Machado, actualmente detenido y acusado en Estados Unidos por narcotráfico y estafas.
La investigación, impulsada por el fiscal federal Fernando Domínguez, busca determinar el origen de transferencias por al menos 200.000 dólares recibidas por el legislador en 2020.
La denuncia que desató la investigación
La causa se inició tras una presentación judicial realizada por el dirigente social Juan Grabois, quien acusó al economista y diputado de La Libertad Avanza de haber recibido fondos provenientes de una red internacional de lavado de activos vinculada al narcotráfico.
Según el expediente, Espert habría recibido transferencias en su cuenta personal por unos 200.000 dólares, presuntamente enviados por Federico “Fred” Machado, empresario argentino radicado en Río Negro y actualmente detenido con pedido de extradición a Estados Unidos.
De acuerdo con la información difundida por LA17, las operaciones se habrían justificado bajo un supuesto contrato de consultoría firmado entre ambos, cuya autenticidad se encuentra bajo análisis judicial.
Un empresario con causas internacionales
Machado está acusado en Estados Unidos de dirigir una red de lavado de dinero vinculada al tráfico de drogas y la compra fraudulenta de aeronaves. Las autoridades norteamericanas reclaman su extradición para juzgarlo por esos delitos, aunque el proceso continúa demorado por apelaciones en la Justicia argentina.
En declaraciones a Splendid AM990, el propio Machado reconoció que el acuerdo con Espert “podría ascender a un millón de dólares”, aunque no recordó los detalles. “Puede ser que había un contrato de un millón de dólares porque era un trabajo grande. Se le llegó a dar 200.000”, aseguró.
El avance judicial y las posibles penas
Tras estas declaraciones, el fiscal Domínguez amplió la investigación y solicitó informes a organismos financieros nacionales e internacionales para rastrear el origen de los fondos transferidos al diputado. El objetivo es determinar si existieron maniobras de encubrimiento o participación de terceros.
De comprobarse el delito, Espert podría enfrentar una acusación por lavado de activos agravado, con penas que alcanzan hasta diez años de prisión. Por ahora, el legislador no realizó declaraciones públicas sobre la causa, aunque su entorno político busca desligarlo de las acusaciones.
Un caso con derivaciones políticas
El caso genera repercusiones en el ámbito político, dado que Espert es una de las figuras más visibles del espacio liberal dentro del oficialismo. La investigación judicial podría impactar en su rol dentro del Congreso y en la agenda política de La Libertad Avanza.
Mientras tanto, la Justicia avanza con nuevas medidas de prueba y el seguimiento de las transferencias internacionales, en una causa que promete continuar generando impacto tanto en el ámbito judicial como político.