El presidente Javier Milei recibió este jueves en la Casa Rosada a los directivos de Vicuña Corp., la empresa formada por los dos gigantes de la minería mundial BHP (Australia) y Lundin Mining (Canadá), que busca desarrollar un megaproyecto de cobre, oro y plata en San Juan.
La compañía anunció una potencial inversión de hasta 15.000 millones de dólares, una de las mayores en la historia del país, aunque el monto exacto se definirá a lo largo de este año tras la presentación de un informe técnico.
Según Noticias Argentinas, el encuentro se centró en el proyecto Vicuña, que explotará una de las mayores reservas del mundo de estos minerales, ubicadas a más de 4.200 metros de altura en los depósitos Josemaría y Filo del Sol. La iniciativa ya se presentó bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y ahora busca ser declarada como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), lo que le daría protección jurídica.
El núcleo del encuentro, que contó con la participación del canciller Pablo Quirno y altos ejecutivos de las firmas, fue «la importancia de continuar avanzando con la agenda de reformas para acelerar inversiones de gran escala, con previsibilidad y reglas claras». Un punto clave mencionado fue la revisión de la Ley de Glaciares, cuyo debate se reactivará en el Congreso a partir de febrero, y que es vista como un escollo regulatorio para el desarrollo minero en la cordillera.
¿Qué implica el proyecto Vicuña para San Juan y Argentina?
El proyecto Vicuña representa una apuesta de escala global para la industria minera argentina. Durante 2025, el consorcio ya desembolsó unos 400 millones de dólares en San Juan, una cifra que duplicó la inversión del año anterior y que podría volver a duplicarse en 2026.
Los fondos se están destinando a campañas de perforación, trabajos previos (como la construcción de caminos hacia la mina y un campamento) y a la contratación de proveedores locales. Como ejemplo, el servicio de catering ya fue adjudicado a una empresa sanjuanina, lo que anticipa el impacto en la economía regional. La empresa planea destinar 2.000 millones de dólares adicionales en los primeros dos años, una vez que se apruebe su solicitud formal bajo el RIGI.
Este proyecto se enmarca en una estrategia del Gobierno nacional por atraer inversiones de capital extranjero a sectores considerados estratégicos. El impacto esperado no es solo en términos de exportaciones, sino también en generación de empleo, desarrollo de proveedores locales y recaudación fiscal.
La Ley de Glaciares: el debate pendiente que condiciona la inversión
El mayor desafío regulatorio que enfrenta el proyecto Vicuña, y la minería en general en la cordillera argentina, es la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares (Ley 26.639). Sancionada en 2010, esta norma prohíbe actividades como la minería e hidrocarburos en glaciares y en el ambiente periglacial (áreas de suelos congelados adyacentes que regulan los recursos hídricos).
El Gobierno nacional, con el apoyo de los gobernadores de las provincias cordilleranas (integrantes de la denominada Mesa del Cobre), impulsa una modificación de la ley. El proyecto de reforma, que ya cuenta con dictamen de comisión en el Senado y se tratará en las sesiones extraordinarias de febrero, busca cambiar su enfoque. En lugar de una protección automática, propone que solo se preserven aquellos glaciares y geoformas que actúen fehacientemente como «reservas estratégicas de agua». La determinación de qué áreas cumplen esta función quedaría en manos de las provincias, a través de estudios caso por caso.
Polémica y resistencias: la disputa entre desarrollo e impacto ambiental
La posible reforma ha generado un fuerte debate y es rechazada por más de 25 organizaciones ambientales, científicas y de derechos humanos. Los críticos argumentan que:
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Debilita estándares de protección: Cambiaría el carácter de «presupuestos mínimos» de la ley, permitiendo que cada provincia defina sus niveles de protección y generando un mosaico de normas desiguales.
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Desconoce evidencia científica: El ambiente periglacial, aunque no sea un glaciar visible, cumple una función hídrica clave, especialmente en regiones áridas. Un informe del Instituto Argentino de Nivología (IANIGLA) ya ha alertado sobre el riesgo de proyectos mineros para estas zonas.
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Es regresiva y riesgosa: Vulneraría el principio de «no regresión ambiental» y pondría en riesgo reservas de agua dulce estratégicas en un contexto de crisis climática, donde los glaciares ya están retrocediendo aceleradamente.
Desde el sector oficial y minero, se defiende la reforma como una «aclaración» necesaria para brindar certeza jurídica y destrabar inversiones multimillonarias que, sostienen, se realizan con los más altos estándares ambientales.
La reunión entre Milei y los ejecutivos de BHP y Lundin Mining deja en claro la magnitud de la apuesta económica y el cruce político que se avecina. Mientras el Gobierno prioriza desbloquear una inversión récord flexibilizando la normativa ambiental, científicos y organizaciones sociales advierten sobre el riesgo de afectar reservas de agua irremplazables. El desenlace de este debate, que llegará al Congreso en febrero, definirá no solo el futuro del proyecto Vicuña, sino también el modelo de desarrollo y protección ambiental para la cordillera argentina.
