Un operativo policial de gran despliegue recuperó este jueves una estancia rural en la localidad de Gualjaina que había sido ocupada por un grupo de personas.
La Policía detuvo a cuatro personas; sin embargo, el juez Ricardo Rolón decidió liberarlas de inmediato. Esta medida incluye una restricción específica: no podrán acercarse al predio durante los próximos seis meses. Todo esto ocurre mientras avanza un conflicto territorial más amplio, donde los reclamos históricos mapuches se enfrentan directamente con los derechos de propiedad privada en la región.
El operativo y los daños en la propiedad
El administrador de la estancia dio la primera alerta al llamar a la Policía: personas desconocidas habían ingresado al predio y, según los reportes, intentaron sabotear las cámaras de seguridad. Al arribar al lugar, los efectivos se toparon con dos individuos que inmediatamente reivindicaron la propiedad del campo, afirmando que se trataba de «tierras ancestrales de la Comunidad Mapuche», tal como recoge el parte oficial de la Fiscalía de Esquel. Más tarde, durante el allanamiento autorizado por el juez Rolón, se verificaron daños en candados y equipos de vigilancia. La Fiscalía también sostuvo que, del interior del establecimiento, los ocupantes habrían sustraído una motosierra y una amoladora.
Posiciones enfrentadas: usurpación vs. reivindicación territorial
El Ministerio de Seguridad justificó el operativo mediante su vocero, Héctor Iturrioz, quien recalcó la necesidad de actuar con celeridad: «Frente a una usurpación, el desalojo debe ser inmediato». Posteriormente, las autoridades identificaron a dos de los detenidos, afirmando que mantienen vínculos con lo que calificaron como «grupos radicalizados» que actúan en la zona. Desde la defensa, Luis Virgilio Sánchez ofreció una perspectiva completamente diferente. El letrado no solo desestimó las acusaciones de robo, sino que fundamentó la presencia de sus defendidos como una legítima «reivindicación territorial». Sánchez insistió en que el área es un territorio comunitario mapuche y, para respaldar su postura, reveló que existen denuncias anteriores por una presunta venta ilegal de esas mismas tierras.
Falló el juez: restitución provisoria y medidas cautelares
El juez Rolón resolvió que las cuestiones de propiedad deberán dirimirse en los fueros civil o administrativo, pero ordenó la restitución inmediata de la posesión al denunciante como una medida provisoria. Además de la prohibición de acercamiento al predio por seis meses para los cuatro imputados, el magistrado dispuso la devolución de la camioneta secuestrada, aunque la imputada no podrá venderla o transferirla. Al cerrar la audiencia, uno de los imputados, en representación mapuche, insistió en que el conflicto es de naturaleza política y debe resolverse mediante diálogo con las máximas autoridades. Información extraída del medio Jornada.
