Justicia Federal ordena al Gobierno cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
El juez en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick dispuso este martes admitir la medida cautelar solicitada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), ordenando al Gobierno nacional actualizar los salarios de docentes y no docentes de universidades públicas, así como las becas estudiantiles. La resolución declara inaplicable el decreto 795/2025 que había suspendido la ejecución de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.
El reclamo del consejo interuniversitario nacional
El CIN inició un proceso colectivo en octubre de 2025 solicitando la declaración de inconstitucionalidad del decreto del Poder Ejecutivo y el cumplimiento inmediato de la ley. El reclamo se centró en los artículos 5° y 6°, que establecen la actualización salarial y de becas según el índice inflacionario.
Los representantes universitarios argumentaron que el incumplimiento erosionaba el poder adquisitivo de los trabajadores, comprometía el funcionamiento de las instituciones y lesionaba derechos constitucionales vinculados a la educación y a la autonomía universitaria.
La decisión judicial
Según informó C5N, el juez Cormick consideró que se trataba de un “supuesto de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”, dado que la afectación de derechos era clara y directa. En su fallo, dispuso declarar inaplicable el decreto 795/2025 y ordenó al Gobierno cumplir de forma inmediata con lo dispuesto en los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795.
El magistrado sostuvo que la suspensión de la norma por parte del Ejecutivo no podía prevalecer sobre los derechos garantizados por la Constitución, y que la falta de financiamiento no justificaba la omisión en la actualización de salarios y becas.
Contexto legislativo
La Ley 27.795 había sido sancionada para garantizar el financiamiento universitario, pero el Poder Ejecutivo la suspendió mediante decreto, argumentando que no se habían previsto partidas presupuestarias específicas. El fallo judicial obliga ahora al Gobierno a restituir la aplicación de la norma y a garantizar la recomposición salarial y estudiantil.
La resolución marca un precedente en defensa de la autonomía universitaria y de los derechos de docentes y estudiantes. El cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario será clave para sostener el funcionamiento de las universidades nacionales en un contexto económico complejo.
