En la décima audiencia del caso «La Camarita», los secretarios del Tribunal Oral Federal 7 leyeron 83 fojas con las impactantes declaraciones de cinco empresarios de la construcción ante el fiscal Carlos Stornelli.
Los testimonios, homologados por el juez Claudio Bonadio, detallaron un presunto sistema de presiones, recaudación ilegal y cartelización para asegurar adjudicaciones y cobrar sobornos durante los gobiernos kirchneristas, según la reconstrucción de la Agencia Noticias Argentinas.
Un sistema de presiones y represalias contra los empresarios
Los testimonios coincidieron en describir un esquema donde el trabajo en la obra pública dependía de realizar «aportes» obligatorios.
Patricio Gerbi, presidente de la constructora COARCO, relató que las exigencias comenzaron tras firmar contratos viales, cuando Claudio Uberti, entonces titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), le trasladó que, «por pedido del presidente Kirchner», debían hacer un aporte regular de dinero «o atenernos a las consecuencias».
Su negativa inicial derivó en inspecciones, multas, demoras en pagos y amenazas directas, por lo que comenzó a entregar entre 15.000 y 25.000 dólares por vez en encuentros en bares. Juan Chediak, por su parte, aseguró que recibió exigencias directas del entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien le habría dicho en una reunión en su domicilio: «Si querés seguir trabajando tenés que pagar».
Un esquema organizado de cartelización y recaudación
Más allá de las presiones individuales, otros arrepentidos describieron un mecanismo estructurado. Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, declaró que, desde 2004 y por orden del Poder Ejecutivo, se organizó un sistema para que ciertas empresas ganaran licitaciones y luego devolvieran entre el 10% y el 20% del anticipo financierocomo «retorno» para gastos políticos. «Mi función era garantizar que el que ganaba pagara», explicó Wagner.
El financista Ernesto Clarens, señalado como el encargado principal de la recaudación, según la fiscalía, era quien recibía el dinero y lo canalizaba. La propia declaración de Marcela Sztenberg, directiva de EQUIMAC, identificó a Clarens como el principal interlocutor, quien habría presionado a su socio hasta asustarlo.
La calificación fiscal: Una asociación ilícita con objetivos definidos
Al finalizar la lectura, se conoció la valoración del fiscal Carlos Stornelli. El acusador público sostuvo que el sistema en «La Camarita» estuvo orientado a direccionar adjudicaciones, garantizar pagos selectivos y recaudar dinero ilegal. Stornelli señaló a Carlos Wagner como quien «diagramó el funcionamiento» del sistema de recolección ilegal, y a Ernesto Clarens como «el encargado principal de la faz recaudatoria».
Además, el fiscal subrayó el rol clave de la Dirección Nacional de Vialidad en el esquema, ya que desde allí se manejaban listados de prioridades de pago que funcionaban como herramienta de presión. En su evaluación, Cristina Fernández de Kirchner habría ocupado «la cúspide de la pirámide» destinada a recaudar dinero, mientras que Julio De Vido fue el «organizador del sistema en el área de obra pública».
El debate se reanudará el próximo jueves a las 9:30, momento en el que se espera sean leídas las últimas 51 fojas del tramo correspondiente a «La Camarita» dentro de esta mega causa.
