Una auditoría interna de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) reveló un escándalo de proporciones alarmantes: se detectaron 178 mil Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) que figuraban activos en el sistema pese a corresponder a personas fallecidas.
El hallazgo, calificado por el Gobierno como una «estafa al Estado», se produjo tras cruzar datos con el RENAPER y expone graves irregularidades en la administración de prestaciones y pensiones no contributivas.
El Hallazgo: Un Sistema «Descontrolado» y una Estafa al Estado
A fines de agosto de 2025, un cruce de información clave reveló el verdadero alcance del problema. El personal de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) compararon sus bases de datos.
Los resultados inmediatamente encendieron todas las alarmas. Fuentes oficiales que analizaron los datos los calificaron como «alarmantes» y afirmaron que muestran un sistema «completamente descontrolado».
El hallazgo central fue impactante: casi 180 mil Certificados Únicos de Discapacidad (CUD)seguían activos a nombre de personas ya fallecidas. Estos certificados, de manera fraudulenta, seguían vinculados al cobro de pensiones no contributivas. Esta situación, según las autoridades, configura un presunto desvío millonario de fondos públicos.
Ante la gravedad de los hechos, las autoridades actuaron con celeridad. De inmediato, dieron de baja todos los registros fraudulentos identificados. En paralelo, ya analizan presentar acciones judiciales concretas contra las personas responsables de esta maniobra.
El Contexto de la Auditoría y las Denuncias Previas
El proceso de auditoría quedó bajo la supervisión del actual interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, quien detectó las anomalías. Vilches asumió tras la renuncia del anterior titular, Diego Spagnuolo, quien, antes de dejar el cargo, había realizado denuncias públicas por maniobras irregulares y presuntos pedidos de coimas dentro del organismo. La auditoría, que también revisó contratos y procedimientos administrativos, se enmarca en un contexto de múltiples señalamientos de corrupción interna que ahora encuentran sustento en datos concretos.
Repercusiones y Futuro del Organismo
El informe final de la auditoría, que podría oficializarse hacia el cierre del primer trimestre de 2026, promete profundizar en estas irregularidades. En paralelo, el Gobierno evalúa una profunda reestructuración de la ANDIS. Entre las opciones en análisis figura la posibilidad de que el organismo pierda su autonomía y pase a depender directamente del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones. El objetivo declarado es transparentar el sistema, corregir los desvíos y garantizar que los recursos estatales lleguen efectivamente a las personas con discapacidad que los necesitan.
El descubrimiento de casi 180 mil certificados de discapacidad fraudulentos no es solo un caso de corrupción administrativa; es un desfalco a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. La auditoría en la ANDIS ha abierto una caja de Pandora sobre la administración de las prestaciones por discapacidad, forzando una depuración de registros y planteando la necesidad de un cambio estructural para restaurar la credibilidad de un sistema creado para proteger, no para defraudar. reporto el medio ADN.
