Los demandantes por la expropiación de YPF reclamaron a la jueza Loretta Preska que obligue a la Argentina a entregar mensajes de funcionarios y exfuncionarios, en su intento por cobrar la sentencia de US$16.000 millones.
Los beneficiarios del fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska por la expropiación de YPF intensificaron la presión judicial sobre la Argentina y reclamaron la entrega de chats, mensajes y correos electrónicos de funcionarios y exfuncionarios nacionales. El pedido apunta a avanzar en la ejecución de la sentencia por unos US$16.000 millones, que aún no pudo ser cobrada debido a la apelación presentada por el Estado argentino.
La solicitud fue presentada por los fondos Eton Park y Petersen, financiados por Burford Capital, quienes buscan forzar a la Argentina a cumplir el fallo o, al menos, sentarse a negociar. En ese marco, los demandantes apuntaron contra figuras clave como Sergio Massa, Luis Caputo y Pablo Quirno, entre otros, por la supuesta falta de colaboración en la entrega de información requerida por la Justicia estadounidense.
Una de las principales estrategias judiciales de los beneficiarios del fallo es intentar demostrar que organismos como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas funcionan como “alter ego” del Estado argentino. De lograr ese reconocimiento, podrían avanzar con embargos sobre bienes de esas entidades para cobrar la deuda. Para sustentar esa hipótesis, solicitaron acceso a comunicaciones privadas de funcionarios vinculados a decisiones económicas y energéticas.
En una carta enviada esta semana a la jueza Preska, los demandantes denunciaron demoras y maniobras dilatorias por parte de la Argentina y advirtieron que evalúan pedir sanciones monetarias u otro tipo de castigos procesales. En ese escrito señalaron que varios funcionarios, entre ellos el ministro de Economía Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno, se negaron a entregar sus chats, mientras otros directamente no respondieron a los requerimientos oficiales.
Si bien los fondos reclamaron plazos concretos en diciembre para completar la entrega de información, la jueza Preska resolvió fijar como fecha límite el 10 de enero para que exista un avance sustancial en la producción de las comunicaciones y convocó a una nueva audiencia para el 29 de ese mes. En paralelo, la Argentina aguarda la resolución de la apelación presentada ante la Corte de Apelaciones por la causa principal de la expropiación de YPF.
Desde el Gobierno argentino sostienen que se realizaron entregas parciales de información a medida que los funcionarios aceptaron colaborar. La Procuración del Tesoro argumenta que los dispositivos requeridos son personales y que su cesión debe ser voluntaria. Según documentos oficiales, entre quienes aún no definieron su colaboración figuran exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández y también algunos integrantes de la actual gestión, mientras que otro grupo ya aceptó cooperar con la Justicia.
El escenario abre la puerta a un nuevo capítulo de tensión judicial. Analistas advierten que, si no hay avances, los demandantes podrían solicitar sanciones más severas, incluso por desacato, lo que podría agravar aún más el frente legal y financiero que enfrenta la Argentina por el histórico litigio de YPF. Información extraída de Radio 3.
