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La pulseada entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional por la suspensión de las clases presenciales parece no tener fin. Este martes, la Justicia Federal dejó sin efecto la resolución de la Cámara de Apelaciones porteña, que apenas días antes había habilitado la continuidad de la enseñanza en las aulas. El fallo despertó de inmediato la algarabía de los gremios docentes que pedían por el retorno a la modalidad virtual, como de diversos referentes del oficialismo, que bregaban por el cumplimiento del DNU dictado por el presidente Alberto Fernández para contener la segunda ola de la pandemia en el AMBA.

“Luchar tiene sentido”, escribió en Twitter el secretario gremial de CTERA y secretario general adjunto de UTE, Eduardo López, uno de los primeros en festejar la decisión.

En tanto, la legisladora porteña del Frente de Todos, Lorena Pokoik, expresó: “La Justicia nos dio la razón y las clases presenciales siguen suspendidas en la Ciudad y en el AMBA. De esta manera dio por tierra el mamarracho jurídico de Larreta Siempre vamos a estar cuidando la salud y la vida de todos los argentinos”.

En Radio 10, el senador Oscar Parrilli también se refirió a la pugna entre Nación y Ciudad con críticas al jefe de Gobierno porteño. “Larreta dice: la Justicia local me obliga a incumplir la ley, pero esto es una pandemia. Tuvimos un récord de 30 mil casos y él piensa solo en su campaña política o en la interna del Pro”, sostuvo el legislador, y agregó: “Entre Larreta y Macri la única diferencia es que uno está pelado y el otro tiene pelo’.

Fuente: TN

La Justicia del estado de Florida les concedió a Diego Junior, Jana y Diego Fernando, tres de los hijos de Diego Maradona, la administración de los bienes que el ex capitán del seleccionado argentino poseía en Miami, y que hasta el momento se encontraban bajo gestión de Dalma y Gianinna, las dos hijas del Diez junto a Claudia Villafañe.

Un Tribunal les otorgó a ellos y a Dieguito Fernando la administración de unas propiedades que se disputan con Dalma y Gianinna.

Los jueces del 11° Tribunal de Circuito Judicial del Condado de Miami Dade aceptaron la solicitud que había presentado Eduardo Rodríguez, el abogado que representa a tres de los herederos del exfutbolista, quienes en enero se habían constituido legalmente para continuar con el juicio que Diego había iniciado contra Villafañe por supuestas irregularidades en la compra, entre los años 2000 y 2003, de seis departamentos en Miami valuados en 6,2 millones de dólares.

Esta decisión constituye apenas un movimiento en el complejo ajedrez que constituye el juicio sucesorio que se abrió en el Juzgado Civil y Comercial N° 20 de La Plata a partir del fallecimiento del mejor futbolista de todos los tiempos, el 25 de noviembre del año pasado.

Hasta el momento, la jueza Susana Tedesco del Rivero consideró que los cinco “herederos universales” de Maradona eran Dalma, Gianinna, Diego Junior, Jana y Diego Fernando, pero todavía hay tres juicios filiatorios en curso, que se habían iniciado cuando el astro de Villa Fiorito todavía estaba vivo.

Además, la Justicia deberá determinar el patrimonio real que poseía el campeón mundial en México 1986. En ese sentido, Mario Baudry, abogado y pareja de Verónica Ojeda (madre de Diego Fernando), advirtió que existían cuentas bancarias radicadas en el exterior que no aparecían en la sucesión.

“Hay denunciadas cuatro cuentas en el exterior con un monto de alrededor de siete millones de dólares, pero que todavía no están en la sucesión. Esos exhortos que salieron en los medios se equilibraron porque esa plata tiene que ingresar a la cuenta de la sucesión. Recién entonces se hará la partición. Ese es todo el patrimonio que hay”, aseguró el letrado en declaraciones realizadas en el canal América.

Hasta el momento, se han registrado bienes a nombre de Maradona por seis millones de dólares, aunque especialistas en patrimonios de futbolistas estimaron que la fortuna total de Diego podría alcanzar los 500 millones.

La Corte Suprema de Justicia desestimó un pedido de la empresa Google en una demanda que interpuso la vicepresidenta Cristina Kirchner porque en el buscador apareció una leyenda ofensiva con el mote de “ladrona de la Nación Argentina”.

Google busca impedir que la ex presidenta acceda al servidor de la multinacional al considerar que eso implicaría una violación al secreto comercial. Pero no lo logró.

La exmandataria ya contaba con fallos a favor de la Sala II de la Cámara de Apelaciones, que consideró que “las resoluciones del juez sobre producción, denegación y sustanciación de las medidas de prueba” son inapelables. La justicia ya había habilitado a Cristina Kirchner a acceder al servidor de Google, al hacer lugar a un pedido de prueba anticipada.

La empresa fue a la Corte Suprema y en el acuerdo celebrado ayer los ministros Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Elena Highton, Ricardo Lorenzetti, y Juan Carlos Maqueda rechazaron el planteo de Google.

El recurso extraordinario cuya denegación motivó esta queja, “no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”, sostuvo la Corte al desestimar el pedido.

LA CAUSA

El pedido de prueba anticipada fue realizado en el fuero civil y comercial federal, tras una publicación del 17 de mayo del año pasado en el diario Clarín, que en una nota digital decía que el buscador había colocado la infame leyenda en el lugar donde debería figurar el cargo de vicepresidenta.

El motor de búsqueda más usado asoció a la persona de Cristina Kirchner el mote de “ladrona”. Así, en una presentación ante la justicia, el abogado de Cristina, Carlos Beraldi, pidió la pericia como “prueba anticipada” contra el buscador Google.

En primera instancia se accedió al pedido, pero luego tuvo que intervenir la Cámara Civil y Comercial Federal ante la apelación de Google.

El tribunal consideró “inapelable” el recurso de Google y lo desestimó, por lo que quedó firme la resolución que hizo lugar al pedido de prueba anticipada realizado por Cristina.

La vicepresidenta podrá entrar a los servidores de Google para garantizar que no se altere ninguna información que se haya elaborado con el único fin de dañarla.

El día 17 de mayo de 2020 a las 00:20, Cristina se enteró, por las fuertes repercusiones en internet, de una nota digital del diario Clarín que manifestaba que el motor de búsqueda más usado a escala internacional asociaba a su persona con el mote de “ladrona”.

El año pasado, la propia Corte por unanimidad, declaró inadmisible el recurso extraordinario por salto de instancia interpuesto por Google LLC.

Dicho recurso fue dirigido contra la resolución de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal que declaró inapelable la medida de prueba anticipada requerida por Cristina Fernández de Kirchner contra Google. Así el caso siguió su curso, y ahora la Corte rechazó nuevamente un recurso de Google.

Fuente: El Patagónico

La empresa de transporte Uber sufrió un duro revés tras la sentencia del Tribunal Supremo de Reino Unido que dejó en claro que los conductores de la compañía no son trabajadores autónomos sino que tienen derecho a un salario mínimo y vacaciones pagas, así como a acogerse a la legislación laboral.

El tribunal más alto del Reino Unido concluyó que los conductores deben clasificarse como trabajadores, no como contratistas independientes, lo que significa que tienen derecho a protecciones laborales básicas.

La decisión amenaza a todo el modelo de negocios de la aplicación de transporte y tiene implicaciones más amplias que pueden extenderse a otras empresas.

El fallo llega después de cuatro años cuando dos conductores, Yaseen Aslam y James Farrar, presentaron una demanda ante un tribunal laboral y ambos tenían licencia para conducir vehículos privados de alquiler en Londres.

La decisión amenaza a todo el modelo de negocios de la aplicación de transporte y tiene implicaciones más amplias que pueden extenderse a otras empresas
Su demanda se presentó ante el tribunal como un caso testigo para determinar su situación laboral .

En 2016, el número de conductores de Uber que operaban en el Reino Unido se estimaba en unos 40.000, de los cuales unos 30.000 operaban en el área de Londres.

Uber BV es una empresa holandesa propietaria de la tecnología de la aplicación Uber. Uber London Ltd es, a su vez, una filial británica con licencia para operar vehículos de alquiler privados en Londres.

El sindicato GMB, que agrupa a más de 620.000 trabajadores en todos los puestos de trabajo, celebró el fallo y lo calificó como una victoria «histórica».

«Los jueces fallaron a favor de GMB, determinando que los conductores de Uber no son autónomos, sino que los trabajadores tienen los derechos de los trabajadores, incluido el pago de vacaciones, un salario mínimo garantizado y el derecho a descansos», expresó el sindicato en un comunicado.

Dijo que esta fue una batalla legal agotadora de cuatro años para sus miembros, pero que concluyó con una victoria histórica.

«Uber ahora debe dejar de perder tiempo y dinero persiguiendo causas legales perdidas y hacer lo correcto con los conductores que apuntalan su imperio», agregó, Mick Rix, dirigente de GMB.

Según los abogados que luchan contra el caso en nombre de GMB, ahora decenas de miles de conductores de Uber podrán tener derecho a un promedio de 12.000 libras (16.800 dólares) cada uno en compensación.

Con este fallo, es la cuarta vez que Uber pierde en un tribunal por su trato a los conductores.

Estados Unidos apeló hoy el fallo de un juez británico que rechazó una solictud de extradición del fundador de WikiLeaks, el periodista Julian Assange, para enfrentar cargos de espionaje por la publicación de documentos militares secretos hace una década.

El Departamento de Justicia estadounidense tenía tiempo hasta hoy para presentar una apelación del fallo del 4 de enero de la jueza británica Vanessa Baraitser, que alegaba que el australiano de 49 años sufría problemas de salud mental que aumentarían el riesgo de suicidio si fuera enviado a Estados Unidos para ser juzgado.

«Sí, presentamos una apelación y seguimos buscando la extradición», dijo a la agencia de noticias AFP el portavoz del Departamento de Justicia, Marc Raimondi.

La apelación dejó clara la intención del nuevo gobierno estadounidense de Joe Biden acerca de que Assange sea juzgado por cargos relacionados con espionaje y piratería por la publicación de WikiLeaks de cientos de miles de documentos militares y diplomáticos estadounidenses.

Biden había sido presionado por grupos de defensa de los derechos humanos para que abandonara el caso, que pone sobre el tapete cuestiones sensibles sobre transparencia y libertad de prensa.

Después de que WikiLeaks comenzara a publicar secretos de Estados Unidos en 2009, la entonces administración de Barack Obama, en la que Biden era vicepresidente, renunció a continuar con el caso.

Assange dijo que WikiLeaks no era diferente a otros medios protegidos constitucionalmente para publicar tales materiales. Y procesarlo también podría significar procesar a las poderosas corporaciones de noticias por publicar material similar, abriendo las puertas a luchas legales que el Gobierno probablemente perdería.

El caso contra Assange

Bajo el gobierno de Donald Trump, cuyo triunfo en 2016 contó con la ayuda de WikiLeaks que publicó documentos del Partido Demócrata que dañaron a su rival Hillary Clinton, el Departamento de Justicia construyó un caso de seguridad nacional contra Assange.

En 2019, en virtud de la ley de espionaje y leyes de delitos informáticos estadounidenses, el australiano fue acusado de varios cargos por conspirar y dirigir a otros para obtener y revelar ilegalmente secretos de Estados Unidos entre 2009 y 2019.

Al hacerlo, ayudó e instigó la piratería informática, ilegalmente expuso fuentes confidenciales estadounidenses y usó la información para dañar al país, según los cargos.

Si es declarado culpable de todos los cargos, Assange podría enfrentar una sentencia de prisión de 175 años. «Julian Assange no es un periodista», dijo el entonces secretario adjunto de Justicia, John Demers.

Los problemas legales de Assange comenzaron en 2010, cuando fue arrestado en Londres a pedido de Suecia, que quería interrogarlo sobre las acusaciones de violación y agresión sexual realizadas por dos mujeres.

En 2012, Assange saltó la fianza y buscó refugio dentro de la embajada ecuatoriana, donde estaba fuera del alcance de las autoridades británicas y suecas, pero también fue un prisionero en la pequeña misión diplomática.

La relación entre Assange y Ecuador se desgastó durante el gobierno de Lenin Moreno, alineado con Estados Unidos, y fue desalojado de la embajada en abril de 2019. La policía británica lo arrestó de inmediato por violar la fianza en 2012.

Suecia abandonó las investigaciones de delitos sexuales en noviembre de 2019 porque había pasado mucho tiempo, pero Assange ha permanecido en prisión durante su audiencia de extradición.

A principios de esta semana, 24 organizaciones, entre ellas Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras, instaron a Biden a abandonar el caso.

«Periodistas de las principales publicaciones de noticias hablan regularmente con fuentes, piden aclaraciones o más documentación, y reciben y publican documentos que el gobierno considera secretos», dijeron en una carta abierta.

«En nuestra opinión, el precedente de este caso podría efectivamente criminalizar estas prácticas periodísticas comunes».

En horas de la tarde del jueves se dio a conocer la decisión de la Jueza Civil, Comercial y laboral de Esquel, Alicia Arbilla, quien definió suspender la sesión de la Legislatura de Chubut en la cual se debía tratar el proyecto de zonificación minera presentado por el Gobernador Mariano Arcioni.

Este fallo es por la medida autosatisfactiva presentada por vecinos del No a la Mina que busca declarar la nulidad del proyecto del Ejecutivo provincial.

Cabe recordar que los vecinos del No a la Mina ya habían presentado un escrito pidiendo una rápida respuesta porque la sesión para tratar la zonificación estaba convocada para este viernes.

A continuación el texto completo del fallo
Esquel, febrero de 2021.- AUTOS Y VISTOS: Que en el día de la fecha he tomado conocimiento del oficio N° 006/CSA/2021 comunicado a la suscripta mediante INODI N° 211207-0 donde se informa que el Superior Tribunal de Justicia se declaró incompetente y dispuso devolver el expediente al Jugado de Origen, el cual aún no ha sido recibido.-

Por otra parte, en el día de la fecha, la parte actora presentó un escrito en formato papel (ya que el sistema no permite el ingreso de escritos digitales cuando el expediente se encuentra fuera del Juzgado) con pedido de pronto despacho, informando que el Gobernador, Sr. Mariano Arcioni, habría convocado a sesión extraordinaria para el día 5/2/2021 a las 8 hs. para que la Legislatura trate de manera virtual el Proyecto Ley 128/20, cuya nulidad se pretende en autos conforme se visualiza en las piezas digitalizadas en el sistema Libra que tengo a la vista en este acto. Por esta razón solicita que se resuelva la medida autosatisfactiva planteada.

Que más allá de la recepción del INODI ya mencionado, lo cierto es que aún no se cuenta con el Expediente físico ni con la totalidad de la prueba aportada por la actora, necesaria a los fines de tratar la cuestión de fondo.

Además no puedo dejar de señalar que la rapidez del proceso nunca puede implicar el desprecio del principio de contradicción, razón por la cual entiendo necesario garantizar un mínimo e indispensable contradictorio.

Es que, si bien en algunos excepcionales supuestos pueden resolverse las medidas autosatisfactivas inaudita parte, por ejemplo en casos donde se requieren prácticas médicas urgentes, en el caso de autos es posible dictar una medida cautelar de oficio que garantice los derechos de ambas partes y el resguardo del debido proceso.-

No puedo dejar de señalar que resolviéndose la cuestión de fondo sin haber escuchado a la otra parte, como lo pretenden los actores, se corre el riesgo de vulnerar cuanto menos dos derechos de raigambre constitucional: el de ser oído y el debido proceso (arts. 16, 18 , 75 inc. 22 y cctes. de la Constitución Nacional y art. 8° del Pacto de San José de Costa Rica). En consecuencia, a fin de evitar de evitar situaciones como las señaladas, una vez recibido el expediente físico y la documental del STJ se proveerá el traslado respectivo.-

En razón de todo lo expuesto, teniendo en cuenta además el deber de prevención del daño que impone el art. 1710 del CCCN y no encontrándose aún el expediente físico en este Juzgado, ni el pen drive que fue ofrecido como prueba, y en atención a la proximidad de la sesión extraordinaria que se menciona en el escrito en despacho, SE DECRETA DE OFICIO COMO MEDIDA CAUTELAR la suspensión del tratamiento del Proyecto de Ley 128/20 hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo (arts. 36, 206 y cctes. Del CPCyC. y 1710 del CCCN). NOTIFIQUESE POR OFICIO AL PODER LEGISLATIVO Y EJECUTIVO. Asimismo, en virtud de la urgencia podrá notificarse la presente medida en el teléfono fijo, teléfono móvil, Email o whatsapp, por Secretaría. A cuyo fin la parte actora deberá informar las direcciones electrónicas o números de teléfonos donde se practicará la notificación correspondiente. (Acuerdo Plenario N° 4870/2020; 4881/2020 y ccdtes). Habilítese día y hora para la notificación de la medida ordenada.-

Hágase saber que ya se encuentra habilitada la recepción de escritos digitales en los presentes autos, razón por la cual la parte actora deberá digitalizar el escrito presentado en el día de la fecha en formato papel.-

Resérvese en Secretaría el escrito y la copia de la presente resolución para ser agregado en la oportunidad que el Expediente sea remitido a este Juzgado.-

Fuente: Esq notas

¿Qué tienen en común Bill Gates, George Soros y la familia Rockefeller? Además de ser los dueños de las fortunas más grandes del mundo, los tres fueron acusados este lunes por un tribunal peruano de ser los responsables de la creación del coronavirus.

La resolución del tribunal peruano  sorprendió porque tomó como base a una de las tantas teorías conspirativas en torno al covid 19 que se viralizan a diario en las redes sociales. En su fallo, la Sala Penal de Apelaciones de Chicha y Pisco dijo que la pandemia fue una invención de las “élites criminales a nivel mundial” conformadas, siempre según los magistrados de esta corte, por multimillonarios como Soros, Gates y los Rockefeller, entre otros.

De esa manera, el tribunal justificó su demora por emitir un fallo para atender el recurso de un imputado que buscaba la anulación de su prisión preventiva y cuya resolución se había postergado por la pandemia. Para los jueces Tito Gallegos, Luis Leguía y Tony Changaray, la pandemia tuvo un carácter “imprevisible” para todo el mundo, con las únicas excepciones de sus supuestos creadores, “que lo manejaron y siguen direccionando con un secretismo a ultranza dentro de sus entornos y corporaciones mundiales”, reportó Efe.

“Ningún Gobierno mundial, personas naturales y jurídicas, ni la defensa del imputado puede sostener que esta pandemia tiene la calidad de ‘previsible’, salvo los creadores del nuevo orden mundial como Bill Gates, Soros, Rockefeller, etc”, escribieron los magistrados en la resolución, difundida en el portal LP Derecho.

Teorías conspirativas

No es la primera vez que las teorías conspirativas ganan terreno en el mundo, pero nunca se había conocido un fallo judicial que se hiciera eco de ellas como una verdad insoslayable. Hasta ahora.

Los jueces dijeron que sin un dejo de dudas que el coronavirus fue “creado por las élites criminales que dominan el mundo”.

En concreto, el documento cita al inversor financiero George Soros, al cofundador de Microsoft Bill Gates y a la multimillonaria familia Rockefeller, a quienes acusa de “manejar” y “seguir direccionando” el virus en el “nuevo orden mundial”. Otras teorías del mismo tipo afirman que el virus fue creado por farmacéuticas ansiosas por incrementar sus ganancias y hasta complots de Bill Gates o Soros en un supuesto plan para controlar a la población a través de vacunas y el 5G.

Perú fue uno de los países latinoamericanos más castigados por la pandemia. Hasta este lunes se reportaron en Perú 1035184 casos de infectados, 38280 de muertos y 969863 de recuperados, según cifras difundidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Fuente: TN

En su página de Facebook el Dr. Gastón Bordier, da a conocer el fallo del Superior Tribunal de Justicia, que confirma que la detención del Sr. Darío Fernández, periodista de Cholila online fue un acto ilegal perpetrado por la plana mayor de la policía y el Ministro Massoni.

Texto del Dr. Gastón Bordier: 

Hoy fuimos notificados por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la sentencia que confirma el fallo de la Juez Mirtha Del Valle Moreno, el fallo de la Dra. Ivana González y el Dr. Gustavo Castro. El fallo es unánime por el Dr. Panizzi y el Dr. Vivas. Con esto queda confirmado que la detención del Sr. Darío Fernández, periodista de Cholila online fue un acto ilegal perpetrado por la plana mayor de la policía y el Ministro Massoni.

La misma fue una restricción ilegítima de la libertad de nuestro cliente sin orden de Juez competente. Que el fiscal Osvaldo Heiber llevó adelante un procedimiento ilegal.

No existió ni violación ni hurto ni amenazas contra la ex pareja de Fernández. Nuestro cliente presentará las denuncias correspondientes contra Néstor Gómez Ocampo, Paulino Gómez, Federico Massoni por sus actos delictivos. Estos son amenazas con armas de fuego, detención ilegal, abuso de autoridad entre otros.

A la vez se denunciaría al Fiscal Osvaldo Heiber por su participación en el hecho ante el Consejo de la Magistratura y por remitir copias de la denuncia y la causa a la prensa cuando las actuaciones eran reservadas. Lo mismo les cabe a los comisarios nombrados por violación del art.257 del Código Procesal Penal.

Hay que recordar que este acto delictivo fue llevado adelante por el Ministro Massoni y la plana mayor de la policía. Estos son los delincuentes que violan los derechos de las personas y cometen delitos en ejercicio de sus funciones. Ahora que hablé el Diario Jornada de la Juez Moreno y de estos defensores.

La Dra. Cynthia Tamara Castro y el Dr. Gastón Bordier hemos asistido en la defensa de un ciudadano al que intentaron culpar de un crimen no cometido. Hoy podemos decir que se “Terminó de hacer Justicia”.

Fuente: Gastón Bordier

Desde la regional comodorense del gremio docente de Chubut, los trabajadores de la educación consignaron su satisfacción por la decisión de la jueza Iris Pacheco respecto a la Resolución N° 168 emanada del Ministerio que encabeza Florencia Perata.

La magistrada, a cargo del Juzgado Laboral, dio lugar en el día de la fecha a la medida cautelar presentada en la Regional Sur de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut por una docente tomada como caso testigo.

Por ello, consideraron que “el Ministerio de Educación de la provincia deberá reinstalar en su puesto de trabajo” a la mencionada docente, y que la decisión judicial “es un avance en la lucha por los derechos docentes, un avance contra el ajuste”.

Fuente: El Comodorense

La Cámara Penal de Trelew resolvió este jueves hacer lugar a la impugnación planteada ante el rechazo de un acuerdo de juicio abreviado presentado oportunamente por uno de los acusados. El hecho investigado es el presunto abuso sexual ocurrido en Playa Unión hace ocho años, y el expediente será remitido a otro juez penal a los fines que vuelva a analizar el pedido del acuerdo en el caso que se solicite nuevamente.

El recurso fue planteado por el abogado de uno de los imputados, y contó con la adhesión del fiscal Fernando Rivarola, cuestionaba la sentencia dictada semanas atrás por el juez Marcelo Nieto Di Biase, a través de la cual rechazó la posibilidad de concretar un juicio abreviado.

El tribunal presidido por el Dr. Alejandro Gustavo Defranco e integrado por los jueces Roberto Adrián Barrios y Daniel Pintos, hizo lugar a la impugnación y resolvió anular el fallo anterior, además de remitir el caso a otro juez penal. En su sentencia, el tribunal expresó que la decisión de Nieto Di Biase fue arbitraria por fundamentación aparente y parcialidad, coincidiendo en que se excedió en su competencia, la que debió limitarse a controlar la existencia y seriedad del acuerdo.

Respecto a los otros dos imputados en la causa, al no haber impugnado el fallo que daba por tierra con la posibilidad de un proceso abreviado, continuarán ligados a la causa eventualmente hacia el juicio oral y público.