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Desde el gobierno nacional se presentó un recurso de apelación que ya ingresó a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia respecto al fallo del juez Hugo Sastre, pronunciado el 27 de febrero último.

Vale recordar que el mismo había hecho lugar parcialmente al pedido del gobierno provincial, para que se dejara sin efecto el descuento de fondos de la coparticipación, como forma de cobro de los préstamos tomados por la gestión anterior.

Si bien el juez no dispuso que Nación le devolviera a la provincia la plata descontada por la primera cuota, ordenaba que en los siguientes meses cesaran los descuentos.

En su pronunciamiento, el Juez había ordenado a Nación que se abstenga de continuar con el cobro y había instado a las partes a negociar un plan de pago.

La Justicia federal le dio la razón a Ignacio Torres, gobernador de Chubut, e instó al Gobierno nacional a abstenerse de recortar o quitar los subsidios al transporte en las provincias. Ocurre después de que el mandatario provincial acudiera a la Justicia por la medida que impulsó Javier Milei después del fracaso de la Ley Ómnibus en el Congreso.

La decisión del Tribunal Federal de Rawson N°1 es primer revés judicial al Gobierno nacional por la eliminación de los fondos del Fondo Compensador del Interior, una iniciativa que causó un cimbronazo y que llevaría los boletos de colectivo por encima de los 1000 pesos.

El juez Hugo Ricardo Sastre resolvió hacer lugar a la «medida autosatisfactiva» solicitada por Torres contra «el Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional – Secretaría de Transporte».

Así, dispuso que Nación se «abstenga de dictar y/o ejecutar cualquier acto que persiga la eliminación y/o reducción del Fondo Compensador del Interior con significación en el transporte urbano y suburbano de pasajeros en jurisdicción de la provincia de Chubut».

En su presentación, Torres había alegado que con la quita «intempestiva» de subsidios al transporte el Estado Nacional vulneró «principios de buena fe y lealtad federal» que rigen «el Federalismo de Concertación». También iría contra el Pacto Fiscal del año 2021.

Dirigentes de Atech se apersonaron ayer en el Ministerio de Educación para obtener respuestas a «múltiples reclamos», pero «nos dijeron que el ministro José María Grazzini no está», cuestionó el mandamás del sindicato, Daniel Murphy.

Parte de la cúpula del gremio que hizo escala en el edificio de Avenida 9 de Julio se retiró sin conversar con el responsable del área, y ante ello ya evalúan iniciar medidas de fuerza porque «es una situación que no da para más». El gremio docente había advertido a comienzos de esta semana que acercaría un escrito a Grazzini, donde detallan todas las demandas a atender. «En todo este tiempo, no tuvimos respuestas favorables», reclamó Murphy en las escalinatas del edificio público.

Tampoco «existen respuestas que satisfagan nuestras inquietudes», agregó el líder de Atech. Frente a esos planteos es que «solicitamos una reunión para tener la posibilidad de explicarle al ministro lo que tal vez no se entienda de nuestros reclamos, aunque se entienden».

«Cuando llegamos, nos dicen que el ministro no se encuentra en el Ministerio de Educación, no saben dónde esta, ni a qué hora regresa. Estamos algunas autoridades de Atech para exigir una reunión con él y tener respuestas a nuestras demandas, entre ellos, los salarios que no se pagaron y que no hay garantías de que se paguen en abril, no hay ninguna explicación del ministerio ni del Ejecutivo, ya que más de 400 compañeros no cobraron su salario, y tampoco hay explicaciones ni garantías que ello se subsane con el salario de abril», agregó el referente sindical.

CAMBIOS «REPENTINOS»

«Además de eso, tenemos situaciones como los cambios en el calendario escolar, de manera repentina, abrupta y sin explicación alguna, por ejemplo, en el caso de la escuela secundaria cambiando de cuatrimestralización a trimestralización la evaluación con múltiples inconvenientes que se generan a partir de eso, los problemas edilicios que siguen sin explicación, es decir, un cúmulo de situaciones que fuimos planteando y que no tienen aún una respuesta satisfactoria; o directamente no las hay», explicó el dirigente.

A todo ello, «presentamos un amparo por omisión contra la Secretaría de Trabajo, ante la Cámara de Apelaciones Trelew, por no convocar a paritarias salariales; ese recurso fue admitido, por lo tanto el Ejecutivo tiene una sola respuesta posible para dar, razonada y encuadrada a la ley: convocar a paritaria salarial».

También «nos comunicamos con el ministro de Economía, Oscar Antonena, para que se habilite un pago complementario para aquellos docentes que no cobraron su salario de marzo, la primera respuesta dejó abierta una posibilidad, pero después no tuvimos noticias».

«Con relación a Economía -añadió Murphy- también queremos reclamar que no se cumple la paritaria respecto a la nacional, vinculado al descuento por ganancias; que docentes con mucha antigüedad, con cargos y responsabilidad, están sufriendo descuentos por ítems que no debieran ser contabilizados en el cómputo».

PROBLEMAS RECURRENTES

Por su parte, el secretario Gremial del sector, Carlos Magno, expuso que el Gobierno «no está atendiendo ninguno de los problemas que hoy tienen las escuelas y que afectan a trabajadores y estudiantes. Estamos pidiendo que el ministro atienda estos problemas, hace ya un mes que elude su presencia en todos los lugares de la provincia; no da respuestas favorables».

«En el caso de Atech recurrimos al poder judicial, que en una primera instancia falló favorablemente y ahora le corrió trasladado al gobernador de la provincia, respecto a la convocatoria a paritarias. En el caso de los salarios, está visto que no dan para más», manifestó.

El dirigente se quejó por la presencia policial en el edificio educativo. Además, advirtió que «está previsto, dentro del sindicato, que cada regional evalúe con los delegados el escenario y todo lo que se concretó hasta el momento; y cualquier acción deberá ser analizado por los cuerpos de delegados, y a partir de allí, se estudiarán las resoluciones, que seguramente serán medidas de fuerza porque esta situación superó cualquier escenario aceptable».

El pasado lunes, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores, condenó a los rugbiers por el homicidio de Fernando Báez Sosa.

Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi fueron sentenciados a prisión perpetua. Sin embargo, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi a 15 años de prisión.

Según informó A24, luego de finalizar la audiencia, se encontró un insólito error en la redacción de la sentencia.

En este sentido, Fabián Améndola, aseguró que lo usarán «como recurso en la apelación para pedir la perpetua”.

Respecto a esta situación, “puede llegar a costarle caro a los jueces Rabaia, Lázzari, pero principalmente a la doctora Claudia Castro que es la presidenta de ese tribunal”, reveló un periodista de A24.

Qué decía el documento

“Por su parte resultaron partícipes necesarios del suceso Lucas Pertossi, Ayrton Viollaz y Blas Cinalli”, expresa la foja 15 del fallo.

Asimismo, indicaron que hablar de partícipe necesario es igual a partícipe primario.

De esta manera, los jóvenes que habían recibido 15 años, deberían haber sido sentenciados también a prisión perpetua

Los fiscales que intervinieron en el juicio a los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa dijeron esta tarde sentirse conformes con la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores y adelantaron que apelarán la participación secundaria atribuida a tres de ellos por considerar que fueron «coautores» del crimen, como los otros cinco sentenciados a perpetua.

La Vicepresidenta Cristina posteó sin comentario alguno la tapa del matutino con fecha de este lunes junto a una nota redondeada del editor Pablo Vaca en la que puede leerse ese título, que refiere al intento de magnicidio que sufrió la exmandataria y al fallo por la causa Vialidad.

No hay comentarios, apenas una fecha marcada en amarillo (la de este lunes) y una nota redondeada en rojo en la que puede leerse: «La bala que no salió y el fallo que sí saldrá», firmada por el editor Pablo Baca.

La nota aparece el día en el que se reanudan las audiencias en la llamada causa Obra Pública, en la que el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de condena e inhabilitación permanente para que la Vicepresidenta ejerza cargos públicos.

El pedido de Luciani indignó a los seguidores que Cristina Kirchner, que desde ese día organizaron una vigilia en la casa de la Vicepresidenta.

Todo transcurría en paz hasta que el primero se septiembre, Fernando Sabag Montiel le gatilló dos veces a centímetros de su cara en lo que constituyó un intento de magnicidio que no registra precedentes en Argentina.

Se trata del primer posteo de la exmandataria desde que fue víctima de un atentado al llegar a su casa en la noche del jueves 1 de septiembre, en el barrio porteño de Recoleta, hecho por el cual hay hasta el momento dos personas detenidas: Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.

La columna sostiene que «el relato del ‘discurso del odio’ funciona a esta altura como paraguas ante una eventual condena por corrupción de la Vicepresidenta».

Después de la publicación de la Vicepresidenta, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés ‘Cuervo’ Larroque, replicó esa imagen en sus redes con la leyenda «Magnetto y su obsesión», en referencia al CEO del Grupo Clarín.

Una de las abogadas de la sobreviviente confirmó la impugnación presentada y reiteró las críticas al fallo absolutorio de las juezas que realizaron el juicio, en el cual “se violaron los principios rectores: la buena fe y la ética”. Apuntó que “el secreto del juicio solo benefició a los imputados”.

La abogada Verónica Heredia, una de las letradas que representa a la víctima del caso de violación grupal conocido como la “manada”, confirmó que se ha impugnado el fallo absolutorio dictado por las juezas Karina Breckle, Marcela Pérez y María Laura Martini.

Heredia confirmó que “impugnamos la sentencia porque las juezas han renunciado de manera consiente a la verdad y esto es incompatible con el servicio de Justicia”.

Argumentó que las magistradas “sustentaron sus votos en testimonios calificados como faltos de verdad y susceptibles de investigación por falso testimonio”.

Además, “omitieron deliberadamente emitirse sobre la conducta procesal de uno de los imputados, calificable como mínimo de mala fe”, imputado que “dio información falsa a su perito para que haga una pericia desacreditando a la sobreviviente. Él hace 2 años ya sabía cómo iban a declarar estos testigos hoy investigados”.

“Impugnamos la sentencia por no ser una derivación razonada de las comprobaciones surgidas en el debate, donde se violaron los principios rectores: la buena fe y la ética. Las juezas culpan a la víctima y con eufemismos sostienen que no se probó que no se consintió”.

Heredia sostuvo que las magistradas “reafirman todos los estereotipos prohibidos constitucional y convencionalmente”, lamentando que la sentencia absolutoria de Luciano Mallemaci, Exequiel Quintana y Leandro del Villar “destruye las aspiraciones de Justicia”.

“En un Estado de Derecho, (el fallo) garantiza que los imputados puedan mentir y realizar maniobras arteras como estrategias de defensa, valida el trato diferenciado según la cuota de poder de cada imputado”, apuntó.

“El secreto del juicio solo beneficio a los imputados”, cuestionó sobre el cierra la abogada Heredia, quien participará de una actividad de visibilización este lunes en la Casa del Chubut, en la Capital Federal.

La pulseada entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional por la suspensión de las clases presenciales parece no tener fin. Este martes, la Justicia Federal dejó sin efecto la resolución de la Cámara de Apelaciones porteña, que apenas días antes había habilitado la continuidad de la enseñanza en las aulas. El fallo despertó de inmediato la algarabía de los gremios docentes que pedían por el retorno a la modalidad virtual, como de diversos referentes del oficialismo, que bregaban por el cumplimiento del DNU dictado por el presidente Alberto Fernández para contener la segunda ola de la pandemia en el AMBA.

“Luchar tiene sentido”, escribió en Twitter el secretario gremial de CTERA y secretario general adjunto de UTE, Eduardo López, uno de los primeros en festejar la decisión.

En tanto, la legisladora porteña del Frente de Todos, Lorena Pokoik, expresó: “La Justicia nos dio la razón y las clases presenciales siguen suspendidas en la Ciudad y en el AMBA. De esta manera dio por tierra el mamarracho jurídico de Larreta Siempre vamos a estar cuidando la salud y la vida de todos los argentinos”.

En Radio 10, el senador Oscar Parrilli también se refirió a la pugna entre Nación y Ciudad con críticas al jefe de Gobierno porteño. “Larreta dice: la Justicia local me obliga a incumplir la ley, pero esto es una pandemia. Tuvimos un récord de 30 mil casos y él piensa solo en su campaña política o en la interna del Pro”, sostuvo el legislador, y agregó: “Entre Larreta y Macri la única diferencia es que uno está pelado y el otro tiene pelo’.

Fuente: TN

La Justicia del estado de Florida les concedió a Diego Junior, Jana y Diego Fernando, tres de los hijos de Diego Maradona, la administración de los bienes que el ex capitán del seleccionado argentino poseía en Miami, y que hasta el momento se encontraban bajo gestión de Dalma y Gianinna, las dos hijas del Diez junto a Claudia Villafañe.

Un Tribunal les otorgó a ellos y a Dieguito Fernando la administración de unas propiedades que se disputan con Dalma y Gianinna.

Los jueces del 11° Tribunal de Circuito Judicial del Condado de Miami Dade aceptaron la solicitud que había presentado Eduardo Rodríguez, el abogado que representa a tres de los herederos del exfutbolista, quienes en enero se habían constituido legalmente para continuar con el juicio que Diego había iniciado contra Villafañe por supuestas irregularidades en la compra, entre los años 2000 y 2003, de seis departamentos en Miami valuados en 6,2 millones de dólares.

Esta decisión constituye apenas un movimiento en el complejo ajedrez que constituye el juicio sucesorio que se abrió en el Juzgado Civil y Comercial N° 20 de La Plata a partir del fallecimiento del mejor futbolista de todos los tiempos, el 25 de noviembre del año pasado.

Hasta el momento, la jueza Susana Tedesco del Rivero consideró que los cinco “herederos universales” de Maradona eran Dalma, Gianinna, Diego Junior, Jana y Diego Fernando, pero todavía hay tres juicios filiatorios en curso, que se habían iniciado cuando el astro de Villa Fiorito todavía estaba vivo.

Además, la Justicia deberá determinar el patrimonio real que poseía el campeón mundial en México 1986. En ese sentido, Mario Baudry, abogado y pareja de Verónica Ojeda (madre de Diego Fernando), advirtió que existían cuentas bancarias radicadas en el exterior que no aparecían en la sucesión.

“Hay denunciadas cuatro cuentas en el exterior con un monto de alrededor de siete millones de dólares, pero que todavía no están en la sucesión. Esos exhortos que salieron en los medios se equilibraron porque esa plata tiene que ingresar a la cuenta de la sucesión. Recién entonces se hará la partición. Ese es todo el patrimonio que hay”, aseguró el letrado en declaraciones realizadas en el canal América.

Hasta el momento, se han registrado bienes a nombre de Maradona por seis millones de dólares, aunque especialistas en patrimonios de futbolistas estimaron que la fortuna total de Diego podría alcanzar los 500 millones.

La Corte Suprema de Justicia desestimó un pedido de la empresa Google en una demanda que interpuso la vicepresidenta Cristina Kirchner porque en el buscador apareció una leyenda ofensiva con el mote de “ladrona de la Nación Argentina”.

Google busca impedir que la ex presidenta acceda al servidor de la multinacional al considerar que eso implicaría una violación al secreto comercial. Pero no lo logró.

La exmandataria ya contaba con fallos a favor de la Sala II de la Cámara de Apelaciones, que consideró que “las resoluciones del juez sobre producción, denegación y sustanciación de las medidas de prueba” son inapelables. La justicia ya había habilitado a Cristina Kirchner a acceder al servidor de Google, al hacer lugar a un pedido de prueba anticipada.

La empresa fue a la Corte Suprema y en el acuerdo celebrado ayer los ministros Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Elena Highton, Ricardo Lorenzetti, y Juan Carlos Maqueda rechazaron el planteo de Google.

El recurso extraordinario cuya denegación motivó esta queja, “no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”, sostuvo la Corte al desestimar el pedido.

LA CAUSA

El pedido de prueba anticipada fue realizado en el fuero civil y comercial federal, tras una publicación del 17 de mayo del año pasado en el diario Clarín, que en una nota digital decía que el buscador había colocado la infame leyenda en el lugar donde debería figurar el cargo de vicepresidenta.

El motor de búsqueda más usado asoció a la persona de Cristina Kirchner el mote de “ladrona”. Así, en una presentación ante la justicia, el abogado de Cristina, Carlos Beraldi, pidió la pericia como “prueba anticipada” contra el buscador Google.

En primera instancia se accedió al pedido, pero luego tuvo que intervenir la Cámara Civil y Comercial Federal ante la apelación de Google.

El tribunal consideró “inapelable” el recurso de Google y lo desestimó, por lo que quedó firme la resolución que hizo lugar al pedido de prueba anticipada realizado por Cristina.

La vicepresidenta podrá entrar a los servidores de Google para garantizar que no se altere ninguna información que se haya elaborado con el único fin de dañarla.

El día 17 de mayo de 2020 a las 00:20, Cristina se enteró, por las fuertes repercusiones en internet, de una nota digital del diario Clarín que manifestaba que el motor de búsqueda más usado a escala internacional asociaba a su persona con el mote de “ladrona”.

El año pasado, la propia Corte por unanimidad, declaró inadmisible el recurso extraordinario por salto de instancia interpuesto por Google LLC.

Dicho recurso fue dirigido contra la resolución de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal que declaró inapelable la medida de prueba anticipada requerida por Cristina Fernández de Kirchner contra Google. Así el caso siguió su curso, y ahora la Corte rechazó nuevamente un recurso de Google.

Fuente: El Patagónico