El ejército de Estados Unidos confirmó la muerte de cinco presuntos narcotraficantes en dos nuevos ataques contra «narcolanchas» en el Pacífico.
Con estas acciones, la cifra total de víctimas fatales en la campaña antidrogas lanzada por Washington supera ya el centenar de personas, generando un intenso debate sobre su legalidad y efectividad.
El Comando Sur estadounidense informó que las embarcaciones fueron atacadas luego de que la inteligencia confirmara que «transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental» y estaban vinculadas a operaciones ilegales. Con tres fallecidos en el primer ataque y dos en el segundo, el saldo de la ofensiva militar en aguas del Caribe y el Pacífico alcanza al menos 104 muertes, según un recuento de la agencia AFP basado en datos oficiales.
Una campaña sin pruebas públicas que divide al Congreso
La administración del presidente Donald Trump justifica las operaciones como una acción necesaria contra el «narcoterrorismo». Sin embargo, hasta ahora no ha mostrado pruebas concretas que vinculen a cada una de las embarcaciones atacadas con el tráfico de drogas. Precisamente, esta opacidad es la que ha encendido un intenso debate sobre la legalidad misma de los bombardeos.
Lo notable es que la controversia no respeta colores partidarios. La duda ha llegado tanto a los legisladores de la oposición demócrata como a varios miembros de la mayoría republicana en el Congreso. Su argumento central es claro: consideran que el presidente carece de autoridad legalpara ordenar estos ataques si no media una declaración formal de guerra o una autorización expresa del Congreso.
Intentos fallidos en el Congreso para regular las operaciones
A pesar de las preocupaciones, los esfuerzos por limitar o regular estas acciones por ley han fracasado hasta ahora. Este miércoles, la Cámara de Representantes rechazó dos proyectos que buscaban establecer un marco regulatorio para las operaciones. Anteriormente, intentos similares también habían sido bloqueados en el Senado, lo que deja un vacío legal sobre el que actúa el poder ejecutivo.
La campaña militar se intensifica en paralelo a un aumento de la presión política y económica de EE.UU. sobre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Washington acusa al mandatario venezolano de encabezar una extensa red de narcotráfico, vinculando la ofensiva militar con una estrategia geopolítica más amplia en la región.
Las nuevas muertes elevan el costo humano de una estrategia de seguridad que prioriza la acción militar directa. Según la cobertura de la cadena Deutsche Welle (DW), mientras el gobierno de Trump defiende su efectividad para interrumpir rutas de droga, la ausencia de pruebas públicas y el rechazo del Congreso a establecer reglas claras dejan en suspenso preguntas cruciales sobre soberanía, derechos humanos y el rumbo de la lucha contra el narcotráfico internacional.