En un hecho inédito que marca un nuevo pulso entre el Estado y el fútbol argentino, el Gobierno nacional intimó formalmente a la AFA y a la Superliga para que brinden explicaciones sobre sus balances contables y financieros.
La medida, enmarcada en la investigación por presunto lavado de dinero, busca aplicar los mismos controles que rigen para cualquier entidad privada, bajo la advertencia de que «nadie está por encima de la Ley».
La Intimación de la Inspección General de Justicia
Según informó la Agencia Noticias Argentinas (NA), la Inspección General de Justicia (IGJ), dependiente del Ministerio de Justicia, será el organismo encargado de realizar la intimación. En un comunicado oficial, la Secretaría de Justicia indicó que se exigirá a ambas entidades que «brinden explicaciones sobre las cifras contenidas en sus estados contable y financieros, y respondan todas las preguntas respecto a las observaciones realizadas». Los montos bajo escrutinio son cuantiosos: los balances de la AFA superan los USD 111 millones, mientras que los de la Superliga ascienden a más de USD 340 millones.
El Foco en la AFA como Asociación Sin Fines de Lucro
El comunicado oficial puso especial énfasis en la naturaleza jurídica de la AFA. La IGJ intimará a la entidad que preside Claudio «Chiqui» Tapia a «presentar documentos relacionados con gastos e inversiones vinculadas con actividades no incluidas en sus estatutos sociales», recordando que se trata de «una asociación sin fines de lucro». Esto implica que sus operaciones económicas deben ajustarse estrictamente a los objetivos sociales por los que fue creada, sin generar ganancias distribuibles entre sus miembros.
El Principio de Igualdad ante la Ley
Tanto el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, como el inspector general Daniel Vítolo, reforzaron el mensaje central de la medida: la aplicación estricta de la ley sin privilegios. «Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad ante la Ley. Nadie está por encima de la Ley ni tiene privilegios. La AFA y la Superliga deben cumplir con los mismos requisitos que se le exigen a todas las asociaciones y fundaciones registradas ante IGJ», afirmaron. Esta postura busca marcar un precedente de transparencia y control en instituciones de gran poder e influencia social.
La intimación del gobierno a la AFA y la Superliga representa un punto de inflexión en la relación del Estado con las máximas entidades del fútbol nacional. Más allá del resultado de la investigación por lavado de dinero, el mensaje es claro: se exige transparencia total y se elimina cualquier percepción de impunidad financiera, sometiendo al deporte más popular del país a los mismos estándares contables que al resto de las organizaciones.