El Presidente Javier Milei regresó este jueves de Noruega y en su primera actividad oficial rubricó el proyecto de la polémica Ley de Modernización Laboral, que ya ingresó al Senado para su tratamiento en sesiones extraordinarias.
Para descomprimir una de las mayores tensiones, el Gobierno decidió eliminar del texto la modificación al financiamiento sindical vía aportes solidarios.
Las concesiones para calmar al sindicalismo
El texto final presentado no incluye uno de los artículos que más rechazo generaba en la Confederación General del Trabajo (CGT): la propuesta de alterar el régimen de las cuotas solidarias. Esta contribución, que realizan trabajadores no afiliados por la actividad gremial de su sector, es un pilar fundamental de la financiación de los sindicatos.
Esta exclusión, lograda tras negociaciones informales en las últimas horas, es vista como un gesto del Ejecutivo para «bajar el nivel de confrontación» antes del arduo debate legislativo que se anticipa. Sin embargo, el proyecto mantiene otro cambio sensible para los gremios: cualquier descuento sindical ahora requerirá el consentimiento expreso e individual del trabajador, un acuerdo entre las partes y la autorización previa de la Secretaría de Trabajo. Esto modificará el actual sistema de retención automática de cuotas por parte de los empleadores.
Los ejes principales de una reforma integral
La denominada Ley de Modernización Laboral, que el vocero presidencial Manuel Adorni calificó como «la transformación más grande de la historia argentina en materia laboral», es un proyecto extenso de 71 páginas con 197 artículos. Su objetivo declarado, según el mensaje enviado al Congreso, es «actualizar el marco laboral vigente» para «remover las distorsiones que afectan la creación de empleo formal».
Entre sus puntos centrales, destacan:
-
Nuevo Régimen de Indemnizaciones: Se mantiene la fórmula de un mes de sueldo por año trabajado, pero con una base de cálculo que excluye el aguinaldo, y se habilita un sistema de fondos de cese laboral como alternativa.
-
Flexibilización de Vacaciones y Jornada: Permite fraccionar las vacaciones y las establece preferentemente entre octubre y abril. Introduce la figura del banco de horas, donde las horas extra se compensan con tiempo libre futuro.
-
Salarios y Contratación: Se habilita el pago de salarios en moneda nacional o extranjera y otorga mayor libertad en las formas de contratación, incluyendo contratos a tiempo parcial.
-
Cambios en la Negociación Colectiva: Se limita la ultraactividad de los convenios colectivos, lo que significa que muchas cláusulas dejan de regir automáticamente al vencimiento del acuerdo.
-
Restricciones al Derecho de Huelga: Amplía la definición de servicios esenciales y establece la obligación de garantizar servicios mínimos durante las medidas de fuerza.
El difícil camino político que se avecina
Con la firma presidencial, el proyecto queda listo para su discusión en el Congreso, donde el oficialismo buscará una aprobación rápida. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, ya expresó su intención de acelerar los trámites para lograr una media sanción exprés. El Gobierno designó a un trío de funcionarios como voceros principales del proyecto para las discusiones en comisión: Federico Sturzenegger, Julio Cordero y Maximiliano Fariña.
No obstante, el panorama es complejo. Desde la CGT, que no avala la reforma pese a la concesión recibida, ya anunciaron su rechazo frontal y evalúan medidas de fuerza. Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, calificó la iniciativa como una «postura ideológica muy extrema». La discusión parlamentaria, que será intensa, dependerá también de la capacidad del oficialismo para sumar apoyos en una cámara donde no cuenta con mayoría propia. El resultado definirá no solo el futuro de las relaciones laborales, sino también los límites de la estrategia política del Gobierno para impulsar sus reformas más emblemáticas. Información extraída del medio Ámbito.
