El presidente Javier Milei firmó el texto definitivo de la reforma, que modifica vacaciones, indemnizaciones, bancos de horas y procedimientos judiciales.
El proyecto fue ingresado al Senado y comenzará su discusión parlamentaria en los próximos días, en medio de un fuerte debate político y sindical.
Siguiendo la información publicada por el medio Canal 26, el Gobierno concretó este jueves el envío del proyecto de Ley de Modernización Laboral al Congreso de la Nación, tras semanas de negociaciones.
Las modificaciones centrales que impactarán a trabajadores y empresas
El extenso proyecto de ley introduce cambios profundos en varios pilares del derecho laboral argentino. En primer lugar, modifica el régimen de vacaciones, permitiendo que se tomen entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con la posibilidad de fraccionarlas en períodos no menores a siete días.
En materia de despidos, se mantiene la indemnización tradicional de un mes de sueldo por año trabajado, pero se habilita la creación de fondos de cese laboral para solventar este pago. El texto aclara que esta compensación es la única reparación posible, buscando limitar reclamos civiles paralelos.
Banco de horas, remuneraciones y el nuevo rol de los convenios
Uno de los puntos más discutidos es la implementación del banco de horas. La reforma habilita acuerdos escritos y voluntarios entre empleador y trabajador para compensar horas extraordinarias trabajadas con tiempo libre, dentro de los límites legales.
Además, redefine qué se considera remuneración, estableciendo que beneficios como comedor o reintegros médicos serán no remunerativos. También impacta en la ultraactividad de los convenios colectivos, limitando su aplicación automática y prohibiendo expresamente su aplicación extensiva o analógica a situaciones no previstas.
Una reforma de alto impacto político y social
El envío de este proyecto marca el inicio de una batalla legislativa compleja. La senadora Patricia Bullrich, titular del bloque oficialista, busca acelerar los tiempos para lograr una media sanción en el Senado antes de fin de año, aunque el tratamiento en Diputados quedará para 2026.
La reforma llega al Congreso en un contexto de fuerte tensión con el movimiento sindical. Especialistas han advertido que muchas de sus disposiciones, como la limitación del derecho de huelga al extender la figura de «servicios esenciales» y las reglas sobre la financiación sindical, podrían generar una ola de judicialización. El debate parlamentario promete ser extenso y definir el futuro de las relaciones laborales en el país.
