En un fallo que respalda la postura de la acusación, la Justicia penal decidió mantener tras las rejas a un hombre imputado por un grave hecho de violencia.
Según información del medio del Ministerio Publico Fiscal, la prisión preventiva de Andrés Oscar González, acusado de tentativa de homicidio, fue prorrogada hasta febrero del próximo año, tras rechazarse un pedido de excarcelación.
La Defensa Sostuvo que No Había Peligro para la Víctima
La audiencia de revisión de la medida se desarrolló este lunes en los tribunales penales del barrio Roca. El defensor particular, Gustavo Chocobar, solicitó el levantamiento de la prisión preventiva argumentando que, al haber sido dada de alta la víctima, «ha perdido vigencia el peligro de vida» que fundamentaba la coerción. Sostuvo que mantener a su asistido detenido constituía «un adelantamiento de pena» y pidió su libertad o una medida sustitutiva.
La Fiscalía Argumentó los Peligros de Fuga y Entorpecimiento
El fiscal Franco Tavano rechazó de forma contundente el pedido de la defensa. Reconoció el alta de la víctima, pero fue claro: el cargo es tentativa de homicidio y los riesgos para el proceso siguen intactos. «La gravedad es extrema –argumentó–. Apuntó al rostro y disparó. Después, disparó al perro. Y un tercer disparo por la espalda». Enfatizó el peligro de fuga, ante una posible condena mínima de más de cinco años de cárcel. Su solicitud fue firme: prisión preventiva hasta el 20 de febrero de 2026.
El Fallo Judicial: Graveza del Hecho y Riesgo Procesal
Tras escuchar los argumentos, el juez penal Ariel Tedesco resolvió rechazar la morigeración de la medida. En su decisión, fundamentó que el alta de la víctima no modifica la calificación de un hecho tan grave como la tentativa de homicidio. La prisión preventiva, aclaró, se dicta por la gravedad del delito y la existencia de peligros de fuga y entorpecimiento de la investigación, no como un adelanto de la condena. Por lo tanto, dispuso que Andrés González continuará detenido hasta la fecha solicitada por la fiscalía.
La resolución marca un precedente sobre el rigor aplicado en casos de extrema violencia, priorizando el curso de la investigación y los riesgos procesales por sobre otros factores.