En una escalada de tensión financiera, el Banco Central de Rusia (BCR) presentó una demanda contra el depositario belga Euroclear y amenazó con usar «todos los medios disponibles» en respuesta a los planes de la Unión Europea de utilizar 210.000 millones de euros en activos rusos congelados para la reconstrucción de Ucrania.
Moscú calificó las iniciativas europeas de «ilegales» y advirtió sobre represalias. La información proviene de comunicados oficiales del medio DW reportados por agencias internacionales.
La demanda contra Euroclear y la amenaza de represalias
El Banco Central de Rusia anunció este viernes que presentó una demanda ante el Tribunal de Arbitraje de Moscú contra la empresa belga Euroclear. El BCR alega que el depositario manejó sus activos «sin el consentimiento de la parte rusa» y busca una indemnización por los daños causados, argumentando que esta acción le impidió gestionar el efectivo y valores que tenía depositados allí.
Paralelamente, el BCR emitió una advertencia contundente. En un comunicado, señaló que se reserva el derecho de emplear «todos los mecanismos legales, así como de otro tipo que estén disponibles» para proteger sus intereses si la UE avanza en sus planes. Esta frase, que sugiera medidas que van más allá de lo jurídico, refleja la gravedad con la que el Kremlin percibe la amenaza.
El plan europeo que desató la crisis
La reacción rusa responde a una iniciativa concreta de la Comisión Europea. Bruselas busca que los países miembros autoricen la utilización de aproximadamente 210.000 millones de euros en activos del Banco Central ruso que fueron congelados tras la invasión a Ucrania.
De ese total, unos 185.000 millones están depositados precisamente en Euroclear, con sede en Bélgica. El esquema europeo, discutido como un «préstamo de reparaciones» para Ucrania, utilizaría estos activos congelados como garantía para emitir bonos y financiar la reconstrucción del país.
Un conflicto con riesgo de escalada simétrica
Este enfrentamiento abre la puerta a una peligrosa escalada de confiscaciones mutuas. El propio Euroclear ya había advertido que una confiscación de activos rusos probablemente llevaría a Rusia a confiscar activos europeos o belgas en su territorio.
Existen indicios de que Moscú se está preparando para esa respuesta. En octubre, el presidente Vladímir Putin firmó un decreto que acelera los procedimientos para la venta o «privatización» de activos extranjeros en Rusia, un mecanismo visto como un plan de represalia listo para activarse. Además, en los últimos días, la Fiscalía rusa ya pidió la confiscación de los activos de AgroTerra, una empresa agrícola vinculada a un fondo de inversión estadounidense, valuados en unos 73.000 millones de rublos.
La UE, por su parte, argumenta que su plan afecta activos estatales rusos, mientras que la posible respuesta de Moscú apuntaría a propiedad privada de empresas occidentales, una distinción que marca una potencial asimetría en el conflicto.
La disputa por los activos congelados ha dejado atrás la fase de advertencias para entrar en una etapa de acciones legales y preparativos operativos concretos. Con la demanda contra Euroclear y la amenaza de «medios de otro tipo», el Kremlin envía un mensaje claro de que cualquier paso de la UE tendrá un costo elevado, arriesgando una nueva y dañina frontera en la guerra económica derivada del conflicto en Ucrania.