La Policía Bonaerense allanó este viernes la vivienda del dirigente de la Coalición Cívica (CC) Matías Yofe, un actor clave en varias denuncias por corrupción en la provincia de Buenos Aires.
El procedimiento, ordenado por un juez de San Isidro en el marco de una causa por «presunto robo o hurto», fue calificado por la líder del partido, Elisa Carrió, como un «procedimiento mafioso» destinado a amedrentar.
Según Noticias Argentinas (NA), el operativo se ejecutó a pesar de que Yofe se encontraba en Mar del Plata. En la casa estaba su esposa junto a su hija de cuatro meses. Las autoridades judiciales ordenaron el secuestro de teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento y documentación.
Una denuncia de violencia y amedrentamiento
Desde la Coalición Cívica, tanto Carrió como otros dirigentes denunciaron que el procedimiento fue “violento y brutal”. Las fuentes del espacio político afirmaron que los efectivos policiales no habrían exhibido la orden judicial de inmediato al ingresar.
El relato incluye una grave acusación: la esposa de Yofe declaró que fue amenazada con ser arrestada y separada de su bebé. Carrió acudió rápidamente al domicilio y, ante las cámaras, condenó el hecho: «Nunca vi un operativo judicial-policial mafioso como este. Cruzaron un límite, que es mi familia», declaró la líder de la CC.
La hipótesis política y la trama de las causas judiciales
La Coalición Cívica sostiene una hipótesis política firme: el allanamiento no busca investigar un delito menor, sino silenciar el avance de causas de corrupción sensibles. En concreto, Yofe es uno de los principales denunciantes en la causa que investiga una lujosa mansión en Villa Rosa, Pilar, valuada en unos 20 millones de dólares y presuntamente vinculada a altos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), como el tesorero Pablo Toviggino.
En un comunicado, el partido afirmó: «Cuando se avanza contra negocios oscuros, siempre aparecen estas maniobras». También han vinculado el procedimiento con las denuncias impulsadas por Yofe contra el ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio, procesado por presunto lavado de activos.
Mientras tanto, desde fuentes judiciales y policiales bonaerenses se defendió la legalidad del procedimiento, señalando que se cumplieron todos los recaudos y se leyó la orden a la familia.
Más allá de las versiones cruzadas, el episodio deja al desnudo una nueva tensión entre el poder político-judicial y la oposición. El allanamiento de la casa de un denunciante emblemático en causas de corrupción genera una sombra sobre la independencia judicial y plantea un debate sobre los límites de la investigación penal en un contexto político altamente polarizado.