El gobierno nacional avanza en la confección de un protocolo operativo para regular una de las facultades más polémicas del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941, que reformó el sistema de inteligencia: la autorización para que agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) puedan aprehender personas.
Mientras la oposición denuncia un avance hacia un «Estado policial», desde el Ejecutivo sostienen que la medida busca ordenar y modernizar un sistema con superposiciones históricas, y que el protocolo delimitará estrictamente su uso. Según Noticias Argentinas (NA).
Los alcances concretos de la facultad de aprehensión
El artículo 10 nonies del DNU 941, publicado el 2 de enero, establece que el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia”, con la obligación de dar “aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”.
Para acotar esta amplia disposición, el Ejecutivo ya trabaja en un protocolo específico. Según pudo conocerse, el documento buscará establecer con precisión en qué circunstancias puntuales los agentes estarán habilitados, y especificará qué personal estará afectado a dichas tareas. Fuentes oficiales indicaron que las aprehensiones se limitarán a tres escenarios: delitos en flagrancia, operativos conjuntos con requerimiento judicial expreso, o situaciones donde sea necesario proteger al personal o la operación de inteligencia en curso.
Una reforma integral del sistema de espionaje
El DNU 941 no se limita a esta polémica facultad, sino que instrumenta una reforma integral de la Ley de Inteligencia Nacional (25.520). Sus 41 artículos buscan centralizar y reordenar un sistema plagado de disputas internas y duplicaciones. Los cambios clave incluyen:
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Nueva estructura: La SIDE se consolida como órgano rector, integrado por el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la nueva Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC) —que reemplaza a la Agencia de Seguridad Nacional—, la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC)y la Inspectoría General de Inteligencia (IGI), que sustituye a la División de Asuntos Internos para la supervisión interna.
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Separación de lo digital: Se distingue entre ciberinteligencia (que queda en la SIDE) y ciberseguridad. Esta última pasará a un nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), un organismo civil que dependerá de la Jefatura de Gabinete que comanda Manuel Adorni.
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Mayor coordinación: Se crean la Comunidad de Inteligencia Nacional y la Comunidad Informativa Nacional para integrar la información de todos los organismos del Estado.
Reacciones políticas y el camino por delante
La oposición reaccionó con dureza. Voceros del kirchnerismo, la izquierda y sectores de la coalición opositora han denunciado que el decreto habilita “el espionaje interior y la persecución política”, calificándolo de ilegal y como un paso hacia un “Estado policial”. Distintos bloques evalúan presentaciones judiciales y una ofensiva legislativa para dar de baja la medida.
En tanto, desde el oficialismo y aliados como el PRO, se adoptó una postura más cauta. El bloque de Cristian Ritondo consideró “imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas y alcances” antes de fijar una posición definitiva, aunque destacó como positivo el avance en la integración de bases de datos estatales, una “deuda histórica”.
El DNU, que entró en vigencia con su publicación, debe ahora ser tratado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, según lo establece la ley. Allí se definirá su destino parlamentario, en un debate que promete tensionar aún más la relación entre el Gobierno y la oposición.
