El Ministerio de Seguridad Nacional confirmó este viernes que el nuevo proyecto de Código Penal incluirá sanciones más severas para quienes provoquen incendios forestales, ya sea por negligencia o de manera intencional. «Prender fuego no es un accidente. Es un delito.
En esta Argentina, el que las hace las paga», afirmó categóricamente la cartera a cargo de Alejandra Monteoliva en un mensaje difundido por redes sociales. Según ADNsur.
El anuncio oficial, detallado en un video institucional, se produce en el marco de la grave crisis por los incendios que afectan a Chubut y otras provincias. Las autoridades fundamentan la medida en un dato alarmante: «el 95 % de los incendios son provocados por la acción humana». El mensaje rinde homenaje a los brigadistas y bomberos, subrayando que «detrás de cada incendio forestal hay un operativo complejo y de alto riesgo, en el que ponen en juego su vida para proteger a los vecinos, a nuestras comunidades y a nuestros bosques».
La UCR propone incorporar la figura de «ecocidio» y critica la ejecución presupuestaria
Frente al mismo escenario, la Unión Cívica Radical (UCR), bajo la nueva conducción de Leonel Chiarella, presentó su propia propuesta legislativa. El partido solicita que se incorpore al Código Penal la figura de «ecocidio», que permitiría aplicar sanciones penales específicas a los responsables de incendios forestales intencionales. En paralelo, la UCR lanzó una campaña solidaria para recaudar fondos destinados a la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut, que ya lleva más de 7 millones de pesos recaudados.
Desde la oposición también llegó una fuerte crítica a la gestión del Gobierno nacional. La UCR denunció que la administración del presidente Javier Milei ha ejecutado apenas el 25% de los fondos presupuestados para el Plan Nacional de Manejo del Fuego, lo que significaría que cerca de 20.000 millones de pesos no fueron utilizados para reforzar la prevención y el combate contra los incendios. En un comunicado, solicitaron al Poder Ejecutivo que informe con «transparencia» sobre su política ambiental y amplíe urgentemente las partidas del Fondo Nacional de Manejo del Fuego.
El debate político se instala en medio de la emergencia
El anuncio del Gobierno y las propuestas de la oposición marcan el inicio de un debate político y legislativo que trasciende la coyuntura de los incendios actuales. Por un lado, el oficialismo apuesta a endurecer el marco punitivo existente, enviando un mensaje de mano dura. Por el otro, la UCR busca ir más allá, tipificando un delito ambiental de mayor alcance («ecocidio») y cuestionando la asignación de recursos para la prevención. Este cruce evidencia que la tragedia ambiental se ha convertido, inevitablemente, en un nuevo frente de disputa política en la Argentina.
Mientras los brigadistas y bomberos continúan su lucha contra las llamas en la Patagonia, la dirigencia política comienza a esbozar las respuestas institucionales a una problemática que se repite cada verano con consecuencias cada vez más devastadoras. La discusión entre penas más duras, la creación de nuevos tipos penales y la eficacia en la ejecución presupuestaria definirá no solo el futuro jurídico de los responsables, sino también la capacidad del Estado para prevenir y mitigar futuras catástrofes ambientales. El tiempo dirá si estos anuncios se traducen en acciones concretas y consensos legislativos duraderos.
