Los fondos que ganaron el juicio por la expropiación de YPF acaban de lanzar un movimiento agresivo en la Corte de Nueva York.
Mediante una carta presentada este miércoles, pidieron a la jueza Loretta Preska que obligue al Estado argentino a revelar la ubicación exacta, las cuentas y todos los movimientos de sus reservas de oro, valoradas en más de 1.000 millones de dólares. Acusan al gobierno de ocultar activos para evitar pagar la millonaria sentencia.
La acusación central: una estrategia de ocultamiento
Los demandantes, los fondos Petersen y Eton Park, fundamentan su pedido en una denuncia grave. Según su escrito, presentado por el estudio de abogados Levine Lee LLP, Argentina estaría ejecutando una «estrategia para evadir la ejecución de la sentencia de US$16.1 mil millones», la cual incluiría específicamente «la ocultación de más de US$1.000 mil millones en reservas de oro». Según Noticias Argentinas (NA).
Argumentan que el país incumplió una orden judicial anterior al presentar a un testigo «deliberadamente no preparado» para declarar sobre el patrimonio nacional, un movimiento que califican como una maniobra de obstrucción. Los abogados sostienen que funcionarios de alto rango, como el ministro de Economía Luis Caputo, tienen acceso directo a los datos del oro del Banco Central, y que la elección de un testigo sin este conocimiento «equivale a una falta de comparecencia».
Un pedido judicial concreto y una amenaza de escalada
Ante lo que llaman un incumplimiento «grave y continuo», los beneficiarios del fallo hicieron un pedido concreto al tribunal. Solicitaron que se obligue a la República a entregar «de inmediato una declaración jurada identificando la ubicación, movimientos y cuenta(s) que mantienen el oro».
El escrito no se queda allí. En caso de que el gobierno alegue no tener acceso a la información del Banco Central, pidieron algo más excepcional: celebrar una «audiencia probatoria con testimonio de individuos con conocimiento, incluyendo a Caputo y otros testigos». Es decir, buscan citar al propio ministro de Economía a declarar bajo juramento en una corte estadounidense. Finalmente, también reclaman que Argentina sea condenada a pagar sus «honorarios razonables de abogados» por la conducta obstructiva.
Este nuevo episodio judicial eleva significativamente la presión sobre Argentina en el largo litigio por YPF. La solicitud de transparentar las reservas de oro, un activo soberano clave, toca un nervio sensible y podría desencadenar un enfrentamiento legal aún más complejo. La jueza Preska deberá ahora decidir si accede a este pedido, lo que marcaría un precedente sin igual en la búsqueda de los acreedores por embargar bienes del Estado.
