El juez Diego Amarante recibirá esta semana a los funcionarios que están acusados de la retención indebida de aportes a la seguridad social. La investigación surgió de una denuncia de Arca.
Avanza la causa por supuesta retención indebida de aportes contra Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino y otros dirigentes de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) que esta semana deberán presentarse ante la Justicia.
El juez Diego Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico, comenzará la ronda de indagatorias el lunes con Cristian Malaspina y Víctor Blanco, funcionarios de la AFA. El 11 de marzo será el turno del tesorero Toviggino y, finalmente, el jueves 12, recibirá a Tapia.
De acuerdo con TN, La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), que actúa como querellante en el expediente. El organismo sostiene que la AFA retuvo tributos y aportes de la seguridad social sin ingresarlos al fisco dentro de los plazos legales.
Concretamente, ARCA detectó retenciones impositivas y aportes a la seguridad social que no habrían sido depositados dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento.
Los períodos bajo análisis van de marzo de 2024 a septiembre de 2025 e incluyen retenciones de IVA, Ganancias y contribuciones previsionales.
Según la denuncia inicial, el monto no ingresado era de $7.593.903.512,23, pero luego se sumaron otros $11.759.643.331,62, llevando el total investigado a más de $19.300 millones.
El ente recaudador aseguró que las maniobras encuadran en el delito de omisión por parte de un agente de retención. “Los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos”, argumentó el organismo.
Desde el punto de vista penal, la figura prevé penas de dos a seis años de prisión para el agente de retención que no deposite, total o parcialmente, dentro de los 30 días corridos del vencimiento, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado supere los $100.000 por mes.
Qué pruebas complican a Tapia y la AFA
Para fundamentar el llamado a indagatoria, el juez Amarante valoró un informe técnico que detalla el movimiento de fondos de la AFA. Según ese documento, en diciembre de 2024 la entidad registró acreditaciones por más de $45.072 millones y durante 2025 los ingresos superaron los $453.449 millones. Además, en ambos años se constituyeron varios plazos fijos en pesos y dólares.
Entre las pruebas incorporadas figuran informes bancarios que muestran acreditaciones en cuentas de la AFA y la constitución de depósitos a plazo por sumas significativas.
Otro elemento clave fue la declaración de la contadora Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control de la entidad. Bouvet explicó que las tres autoridades principales son el Presidente, el Secretario y el Tesorero, quienes firman los estados contables.
También detalló que su área confecciona la declaración jurada a través del sistema SIRE y que, una vez realizada, “todos los vencimientos son informados vía mail y después le mando un cuadro con la deuda acumulada, cuando lo solicita o como recordatorio, y él me transmite la instrucción de pagar”, declaró.
La defensa de Tapia sostiene que no hubo delito y que la deuda fue cancelada, por lo que pidió la nulidad del llamado a indagatoria. Sin embargo, el juez Amarante rechazó el planteo y ratificó la citación.