La discusión sobre la Ley Penal Juvenil volvió al centro de la agenda pública, pese a que las estadísticas oficiales indican que solo el 0,01% de los menores de 17 años ingresó a la Justicia Nacional de Menores en 2024
A nivel provincial, menos del 1,5% de esa población fue imputada en los distintos distritos.La Corte Suprema explicó que las cifras varían entre provincias por diferencias metodológicas y sistemas penales, lo que impide comparaciones directas. Además, aclaró que los ingresos a la Justicia suelen ser mayores a los registrados en la Base General de Datos (BGD), ya que en los sistemas acusatorios es el Ministerio Público Fiscal quien contabiliza los casos.
Según el Censo 2022, Argentina tiene 12.203.906 menores de 0 a 17 años. De ellos, 1.788 ingresaron a la Justicia Nacional de Menores en 2024, con mayor concentración en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y CABA. Más de la mitad son varones de 16 y 17 años.
Situación provincial: cifras bajas y heterogéneas
Los datos de 2024 muestran porcentajes reducidos en todo el país:
- Santa Fe: 0,51% de menores ingresados (4.551 casos).
- Córdoba: 0,25% (2.437 casos).
- Mendoza: 0,06% (349 casos).
- Provincia de Buenos Aires: 0,04% (1.802 casos).
- Ciudad de Buenos Aires: 0,11% (610 casos).
En todos los distritos, los delitos más frecuentes fueron contra la propiedad y contra las personas.
Justicia Nacional: variaciones entre 2024 y 2025
Los datos comparables muestran:
Primer semestre 2024
- 907 menores con causas iniciadas.
- 8% menos que en 2023.
- 60,1% tenía 16 o 17 años.
- 1,9% tenía 12 años o menos.
Primer semestre 2025
- 945 menores con causas iniciadas.
- 4,2% más que en 2024.
- Aumentó un 16,8% la participación de menores de 16 años.
En ambos períodos, más del 80% de los delitos fueron robos en distintas modalidades.
El trasfondo del debate: punitivismo y desigualdad
El antropólogo Agustín Villarreal (CONICET) advirtió que la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad se da en un contexto de “criminalización diferencial”, que afecta principalmente a jóvenes de sectores vulnerables.
Según el especialista, la mediatización de casos violentos —como el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe— impulsa respuestas centradas en el castigo, dejando de lado políticas de inclusión educativa, cultural y comunitaria.
Villarreal señaló que la tendencia actual es judicializar los conflictos, lo que deriva en propuestas de endurecimiento punitivo más que en estrategias de prevención, según C5N.
Aunque los datos muestran que la participación de menores en delitos es estadísticamente baja, el debate sobre la Ley Penal Juvenil vuelve a instalarse con fuerza. Entre cifras, percepciones sociales y reclamos de seguridad, el desafío sigue siendo encontrar respuestas que combinen justicia, prevención y políticas integrales para las juventudes.
