Héctor Vargas, abogado de las víctimas, denunció que el único detenido por la estafa de exámenes visuales gratuitos en Puerto Madryn busca una suspensión del juicio a prueba. La maniobra afectó a vecinos de Madryn, Gaiman y Dolavon, que pagaron entre 50 y 100 mil pesos por lentes que nunca llegaron. «El monto que ofrecen está totalmente desactualizado», advirtió.
La indignación crece entre los vecinos estafados con la promesa de exámenes visuales gratuitos y lentes económicos que nunca fueron entregados. A más de un año del hecho, la posibilidad de que el principal imputado evite la cárcel mediante una suspensión del juicio a prueba (probation) generó malestar entre las víctimas, que reclaman una reparación justa.
Según Jornada, la defensa del detenido presentó un pedido para avanzar en la suspensión del juicio, argumentando que no se pudo dar con una tercera persona vinculada a la maniobra, lo que impide elevar la carátula a «asociación ilícita».
La estafa: exámenes gratuitos y lentes que nunca llegaron
El caso se remonta a diciembre de 2024, cuando un grupo de personas se presentó en distintas sedes vecinales de barrios de Puerto Madryn ofreciendo controles visuales gratuitos y la venta de lentes recetados. Los vecinos, confiados, pagaron sumas que iban de 50.000 a 100.000 pesos por los anteojos, que nunca fueron entregados.
La misma modalidad se habría repetido en las localidades de Gaiman y Dolavon, ampliando el radio de acción de la estafa. En un principio, se estimaba que las víctimas superaban las 50 personas, con un perjuicio total cercano a los 2,7 millones de pesos.
La investigación permitió detener a un joven de 29 años en la provincia de Chaco, a quien se le secuestró telefonía celular y diferentes pares de anteojos. Sin embargo, una tercera persona vinculada a la maniobra nunca pudo ser localizada.
La probation: la «solución» que indigna a las víctimas
El abogado patrocinante de las víctimas, Héctor Vargas, explicó que la fiscalía esperaba dar con esa tercera persona para poder imputar el delito de asociación ilícita y lograr una pena mayor. Al no lograrlo, «la vía más efectiva sería una suspensión de juicio donde la persona asume la responsabilidad del hecho y va a tener que reparar el monto a las personas que han sido estafadas».
Pero el problema es el monto. Vargas fue claro: «En la acusación de fiscalía figuran 36 personas con nombre y apellido, que han hecho transferencias a la cuenta de esta persona». Sin embargo, el valor ofrecido para la reparación está muy por debajo de lo que corresponde.
«El monto total no está definido, hay vecinos de distintos montos. Esto fue el 17 de diciembre del 2024. En la actualidad, cuando uno dice entre 40 u 80 mil pesos, son montos totalmente desactualizados», advirtió el letrado.
Las víctimas deben dar el visto bueno
Para que la suspensión del juicio a prueba prospere, las 36 víctimas identificadas deben dar su conformidad a la fiscalía. Muchas de ellas, indignadas por la propuesta económica, evalúan rechazarla y exigir que el juicio continúe.
Mientras tanto, el imputado permanece con libertad restringida a la espera de la resolución. La posibilidad de que un estafador que afectó a decenas de familias, muchas de ellas de bajos recursos, pueda zafar con una probation y pagar montos irrisorios, generó un fuerte rechazo en la comunidad.