Ley de Glaciares: cambios clave y el rol de una senadora de Chubut.
El Senado de la Nación se prepara para una jornada de alta tensión legislativa. Este jueves, la Cámara Alta tratará la reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa que cuenta con dictamen desde diciembre pero que llega al recinto envuelta en negociaciones de «letra chica» que se extienden hasta el último minuto. El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, busca redefinir los niveles de protección de las reservas de agua dulce del país, planteando un escenario donde el desarrollo productivo y la preservación ambiental entran en una disputa directa que mantiene en vilo a las provincias cordilleranas.
Negociaciones a contrarreloj y el protagonismo de Edith Terenzi
En el centro de este complejo tablero político se encuentra la senadora por Chubut, Edith Terenzi. En su carácter de presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la legisladora de Despierta Chubut ocupa un lugar estratégico para la definición del articulado final. Según ADNSUR, aunque el proyecto ya tiene dictamen, las modificaciones que se acordarían sobre la marcha al momento de la votación en particular vuelven decisivo el rol de quienes manejan la letra fina de la norma. Terenzi, quien responde al armado político del gobernador Ignacio Torres, ha mantenido un perfil reservado pero activo, convocando previamente a científicos del IANIGLA para defender la robustez del inventario actual, en un gesto que fue interpretado como un respaldo a la autoridad técnica frente a la avanzada política.
La reforma propuesta por el gobierno de Javier Milei apunta a modificar aspectos sustantivos del esquema vigente para favorecer la actividad minera. El eje más sensible es el desplazamiento del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) como responsable exclusivo de la delimitación de áreas protegidas. La propuesta oficial busca fortalecer la injerencia provincial en la definición de qué es un glaciar y qué es ambiente periglaciar, además de incorporar un mecanismo interjurisdiccional para resolver conflictos cuando los recursos hídricos son compartidos entre distintas jurisdicciones.
Advertencias de la Iglesia y posturas ambientales
El avance de este proyecto no ha pasado desapercibido para los sectores sociales y religiosos. La Iglesia Argentina emitió una fuerte advertencia, señalando de manera textual que “el agua no puede quedar sujeta a intereses”, manifestando un rechazo explícito a la iniciativa oficial. Por su parte, organizaciones como Greenpeace Argentina denuncian que la reforma implicaría un retroceso significativo, exponiendo áreas críticas a riesgos de contaminación y destrucción al permitir actividades extractivas en zonas hoy vedadas por la ley vigente.
Desde el ámbito científico, el argumento central es que debilitar el inventario técnico nacional abre la puerta a una «regresión» ambiental. El desplazamiento del protagonismo técnico del IANIGLA es visto como una maniobra para flexibilizar los controles. Sin embargo, desde las provincias con potencial minero se plantea la necesidad de revisar las restricciones actuales para lograr compatibilizar la protección del recurso hídrico con el desarrollo de proyectos que consideran vitales para las economías regionales.
El escenario de votos: cómo se perfilan los senadores de Chubut
El Gobierno nacional ha acelerado las gestiones para garantizar los 37 votos necesarios para la media sanción. En este esquema, Chubut aportaría dos votos a favor y uno en contra. Además del apoyo de Terenzi, se cuenta con el voto positivo de la senadora Andrea Cristina (PRO), quien integra el bloque que acompaña la iniciativa oficial. Por el contrario, el senador Carlos Linares, del peronismo, ya anticipó su rechazo rotundo a los cambios, alineándose con el bloque de Unión por la Patria que ahora cuenta con 25 legisladores tras recientes fugas.
La dinámica elegida por el oficialismo —firmar un dictamen y luego introducir cambios directamente en el recinto— repite la estrategia utilizada con otras leyes estructurales. Esto concentra la negociación en una «mesa chica» informal donde Terenzi participa activamente junto a legisladores de otras provincias mineras. Si el oficialismo logra consolidar su mayoría, el proyecto será girado de inmediato a la Cámara de Diputados, marcando un precedente histórico en la legislación ambiental argentina y redefiniendo el futuro de las reservas estratégicas de agua dulce en la Patagonia y la Cordillera.
