El inicio del ciclo lectivo 2026 en las universidades nacionales argentinas se vio abruptamente interrumpido por una contundente medida de fuerza
Gremios docentes y no docentes iniciaron un plan de lucha que combina paros de 24 horas con huelgas de una semana completa, en reclamo de una recomposición salarial superior al 50% y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, que el Ejecutivo nacional aún se resiste a aplicar plenamente.
Un reclamo federal que paraliza las facultades
La intensidad del reclamo varía según la casa de estudios, pero el malestar es unánime. En la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), los gremios COAD y FADIUNC determinaron un cese total de actividades desde el 16 hasta el 21 de marzo. «Estamos atravesando una situación de desfinanciamiento y rebajas salariales como nunca vimos», señalaron referentes gremiales, advirtiendo que ya hay nuevos paros programados para finales de mes.
Por otro lado, universidades como la del Nordeste (UNNE), Salta (UNSa) y La Pampa (UNLP) registraron altos niveles de acatamiento en jornadas de 24 horas, aunque ya diseñaron un cronograma de cortes sistemáticos para los días 31 de marzo, 8, 17 y 23 de abril. El conflicto docente se centra en la brecha entre el presupuesto necesario de 7,2 billones de pesos y los 4,8 billones que pretende otorgar el Gobierno.
El frente judicial y la pulseada por el presupuesto
El trasfondo de las medidas de fuerza radica en el incumplimiento de la normativa vigente. Tras el rechazo parlamentario al veto presidencial, la Ley de Financiamiento Universitario quedó firme, obligando a una actualización salarial acorde a la inflación. Sin embargo, desde la Casa Rosada se impulsa una modificación legislativa para reducir este incremento al 12%, lo que profundizó la crisis.
Ante la falta de ejecución de los fondos, las instituciones educativas recurrieron a la Justicia, obteniendo una medida cautelar que ordena al Gobierno avanzar con los pagos. Pese a esto, el Ejecutivo apeló la resolución, manteniendo el conflicto en un laberinto legal mientras los salarios docentes pierden poder adquisitivo frente a la inflación acumulada desde el inicio de la gestión libertaria.
Hacia una nueva Marcha Federal Universitaria
El escenario proyecta un cuatrimestre de alta conflictividad. Además de las asambleas permanentes para determinar los pasos a seguir, los sindicatos ya pusieron fecha a lo que esperan sea una movilización masiva: el próximo 23 de abril se realizaría una nueva Marcha Federal Universitaria.
Los trabajadores de la educación superior advierten que, de no mediar una respuesta concreta que respete la ley vigente, el dictado de clases podría verse comprometido durante todo el periodo. Mientras tanto, las facultades permanecen con sus puertas cerradas o con actividad mínima, a la espera de una resolución que destrabe los fondos necesarios para el funcionamiento del sistema público.
