La premisa del oficialismo es clara: evitar las victorias pírricas
En los despachos libertarios del Senado se comenta que la intención es superar ampliamente los 37 votos de la mayoría simple, apuntando a un piso de 40 voluntades para cada pliego. Esta búsqueda de robustez política surge tras un febrero intenso en sesiones extraordinarias y un posterior estancamiento legislativo derivado de ruidos internos y causas judiciales que rozaron al entorno presidencial.
Para destrabar esta situación, el Gobierno ha puesto sobre la mesa una serie de pliegos que funcionan como piezas de un complejo rompecabezas de negociación. La primera tanda, compuesta por 62 candidatos para juzgados nacionales en la Capital Federal, ingresará a la Cámara Alta esta misma semana. Este movimiento es estratégico, ya que, aunque existe un plan de traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires, la urgencia por cubrir los cargos prima sobre las reformas estructurales de largo plazo.
El sistema de «bolilla negra» y el reparto federal
La negociación no se limita a la Ciudad de Buenos Aires. En una etapa posterior, se tratarán casi 150 juzgados federales distribuidos en las provincias, lo que convierte a cada nombramiento en un activo político de alto valor para los gobernadores y senadores del interior. El mecanismo acordado permite que los mandatarios provinciales y legisladores propongan nombres basados en las ternas del Consejo de la Magistratura, aunque la Casa Rosada se reserva un derecho de veto estricto.
Bajo el concepto de la «equis roja» o «bolilla negra», el Ejecutivo ya ha advertido que descartará a cualquier postulante sobre el que recaigan sospechas de falta de imparcialidad o hechos de corrupción. Este filtro busca garantizar que, a cambio del apoyo legislativo en futuros proyectos de ley, los nuevos magistrados mantengan una línea técnica acorde a las pretensiones de transparencia del actual gobierno.
Hacia una renovación del Poder Judicial en 2026
El camino hacia la normalización judicial tendrá un hito importante el próximo 16 de abril, cuando Carlos Mahiques, miembro de la Cámara de Casación y padre del actual ministro, defienda su pliego para prorrogar su magistratura. Este caso simboliza el inicio de una etapa de remoción de vacancias que se acumularon durante años, incluso desde la gestión anterior, y que la actual cartera de Justicia busca resolver de forma definitiva.
Con este despliegue, el Gobierno intenta dar vuelta la página de las polémicas recientes y retomar la iniciativa política en el Congreso. El éxito de esta maniobra dependerá de la capacidad de Mahiques y Bullrich para amalgamar intereses diversos sin ceder en el control de calidad de los futuros jueces, en lo que promete ser la batalla legislativa más importante del primer semestre de 2026.
