Ley de Hojarascas: el plan para derogar 70 leyes obsoletas en el Congreso.
El Poder Ejecutivo Nacional concretó este jueves el envío al Congreso de la “Ley de Hojarascas”, un ambicioso proyecto que busca la eliminación definitiva de 70 normas consideradas superfluas, arcaicas o directamente incompatibles con el marco constitucional actual. La iniciativa, que ya había sido impulsada en 2024 sin lograr sanción, regresa al debate legislativo con el objetivo de «limpiar» el sistema legal argentino de regulaciones que, según el Gobierno, solo generan burocracia y limitan las libertades individuales.
Los seis ejes de la depuración normativa
Bajo la conducción del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el proyecto identifica seis categorías críticas que justifican la eliminación de leyes sancionadas entre 1864 y la actualidad. El texto oficial advierte que esta acumulación de legislación inútil ha sido utilizada históricamente para «bloquear actividades legítimas, restringir libertades fundamentales o establecer privilegios inaceptables».
Entre los criterios para la poda legislativa se encuentran las normas superadas por legislaciones modernas —como la antigua ley de vacunación contra la viruela— y aquellas desfasadas por el avance tecnológico. En este último grupo destacan regulaciones sobre microfilmación en las Fuerzas Armadas o la Ley N° 21.895, que autorizaba la televisión a color, disposiciones que carecen de sentido en la era digital.
Fin a las restricciones de libertades y el control social
Uno de los puntos más contundentes del proyecto es la derogación de leyes que vulneran principios constitucionales. Se propone eliminar la Ley N° 14.034, que penalizaba a quienes propiciaran sanciones contra el país (lo que incluía denuncias por Derechos Humanos), y la Ley N° 20.120, que permite la supervisión estatal en reuniones privadas.
Asimismo, se busca terminar con el «absurdo administrativo» de exigir un «carnet de mochilero» (vigente desde 1974), suprimir los permisos exclusivos de libre estacionamiento para legisladores y eliminar la obligatoriedad de registrar mapas oficiales en etiquetas de productos comerciales como el vino. El Ejecutivo remarca que la reforma busca restablecer el principio de libertad individual y reducir la intervención estatal.
Eliminación de organismos inoperantes y privilegios sectoriales
La «Ley de Hojarascas» también apunta a instituciones y fondos que ya no funcionan o que nunca llegaron a constituirse. Ejemplos de esto son el «Complejo Portuario de Ultramar en Aguas Profundas» y el Fondo Nacional Permanente para Estudios de Preinversión.
Además, se establece que organismos como el Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios dejen de recibir financiamiento del Estado Nacional. Según el proyecto, estas entidades «deberán subsistir con recursos propios o de asociados, sin aportes nacionales». Incluso se menciona el caso de la Ley N° 19.363 sobre sorteos en cines, señalando que los costos de gestión estatal superan con creces el valor de los premios distribuidos.
Un sistema legal hacia la modernización
El cierre de esta propuesta legislativa pretende borrar del mapa jurídico penas de prisión por causas superadas —como la mención a los azotes prohibidos en 1853— y beneficios de padrinazgo presidencial que hoy son redundantes ante la gratuidad de la educación pública.
Con este envío, el Gobierno de Javier Milei apuesta a que el Congreso convalide una depuración que, en palabras del oficialismo, permitirá que la sociedad argentina funcione sin los obstáculos de una normativa que pertenece a siglos pasados y contextos de represión que ya no tienen lugar en la democracia moderna.